Son un desastre

El Cilindro no poseía cobertura de seguros. Tampoco contaba con habilitación de Bomberos, aunque esta información no ha sido oficialmente confirmada. Es que en la Intendencia Municipal de Montevideo, el dueño del Cilindro, no saben. El secretario general de la Intendencia, Ricardo Prato, dijo no poder informar con precisión este punto.

Son un desastre pero tienen suerte. Lo que pudo haber sido una tragedia 100 veces mayor que la del boliche Cromagnon en Buenos Aires, pasó después de las elecciones, cuando el Cilindro estaba vacío.

¿Van a rodar cabezas? No lo creo. Y, además, ¿de qué serviría?. Si no gobiernan con la cabeza.

Todo bien en Montevideo

Tras 20 años de gobierno municipal del Frente Amplio en Montevideo, los montevideanos fachos y negativos seguramente se lamentarán del escaso desarrollo de la ciudad, de la decadencia en que ha caído la zona céntrica, de la escandalosa mugre que abunda por todas partes, las calles deterioradas, la oscuridad, los vendedores ambulantes, los cuidacoches y los carros tirados por caballos.

Indudablemente pondrán el grito en el cielo por la creciente anarquía del transito, la enorme cantidad de accidentes y sus víctimas, la impunidad de los delivery en sus motos ruidosas, todo eso y mucho más, a pesar de las enormes fortunas que la IMM y los inspectores recaudan por concepto de multas.

Pensarán que tras 20 años el  gobierno municipal frentista ha aumentado los impuestos y el presupuesto hasta el paroxismo convirtiendo a Montevideo en una de las ciudades más caras del mundo, donde la patente de rodados y la contribución inmobiliaria son mucho más caras que en París o Roma.

Denunciarán que la IMM dedica la mayor parte de ese presupuesto a pagarle el sueldo a los funcionarios y que la burocracia de 18 y Ejido sigue siendo enorme, a pesar de los maquillajes de las cifras. Desearán seguramente que venga un gobernante que esté del lado de los contribuyentes y que termine con la esclavitud de la IMM con Adeom, que ha costado decenas y decenas de millones de dólares.

Estarán convencidos que el gobierno frentista ha sido extraordinariamente corrupto, al constatarse la misteriosa desaparición de 15 millones de dólares en los casinos municipales sin que nada se sepa de su destino luego de más de 5 años. O debido a los enjuagues, tejes y manejes, y demás maniobras sombrías en torno a la bendita licitación del Hotel Carrasco.

Pensarán, cada vez que se suben a un omnibus, que el sistema de transporte público de Montevideo sigue siendo impuntual, caro y sucio, a pesar de que la intendencia frentista vuelca monumentales subsidios.

Se reirán de la tan mentada descentralización impuesta por el Frente Amplio, que fue totalmente inoperante y que sólo sirvió para gastar más plata y para politizar aún más la administración.

Afortunadamente, el número de montevideanos verdaderamente fachos y negativos parece ser moderado ya que la elección del domingo está decidida desde siempre. Los montevideanos elegirán a una candidata puesta a dedo por la dirigencia frentista (una heladera comunista), dándole 5 años más al Frente Amplio para que siga imponiendo su reconocida eficiencia y su gran sensibilidad social. Será un cuarto de siglo de eficiencia y sensibilidad frentista. Hasta la oposición parece conforme con la gestión de los últimos 20 años ya que volvió a presentarse desunida, sin propuestas claras y contundentes. Están tranquilos. Todo va bien en Montevideo.

Se van a entregar… otra vez.

Blancos y colorados han optado por no hablar en sus campañas de irregularidades y de presuntos casos de corrupción ajena. Algunos analistas, a los que uno presume votantes de la izquierda, los han convencido de que los uruguayos no quieren escuchar más denuncias, sino soluciones. Y entonces tenemos campañas en las que no se habla de nada. Campañas lavadas, descoloridas, que favorecen al que ya está en el poder a mantenerse en él. Campañas sin debate, sin gente que eleve el tono de voz, donde los candidatos tratan de mostrarse como personas como usted y como yo, pero donde nadie pone los puntos sobre las íes.

¿Y cómo fue que la izquierda, paciente y sostenidamente, desplazó a los partidos tradicionales del poder? ¿Lanzando propuestas? ¿O diseñando una cuidada campaña de denuncias y sospechas que no dejó títere con cabeza y que sembró la idea de que blancos y colorados son gente en la que uno no debería confiar?

La pasada semana se presentó en un juzgado penal de Maldonado una grabación en la que el abogado de la comuna, Germán Más, afirma que no firmó en su oportunidad la controvertida contratación de Satenil porque tenía la convicción de estar frente a un «delito». «Si querían que lo redactaran ellos, porque para mí eso era un delito. Él (De los Santos) sabía que estaba haciendo algo que no se podía hacer», dice Más en la cinta.

¿Usted se imagina lo que estaría sucediendo en este momento en Maldonado si De los Santos no fuera el candidato del progresismo?

En Montevideo, el FA pide el voto para encarar lo que en 20 años de gestión ininterrumpida siquiera intentó. Habla de limpiar la ciudad, de terminar con los basurales, con los pozos. De iluminar calles. De hacer obras. Y de poner a los municipales al servicio de los contribuyentes. ¿No es lo mismo que prometían en 1990, cuando juraron que harían temblar las raíces de los árboles?

El secretario general de la IMM, Jorge Rodríguez, dijo que el gobierno frenteamplista de Montevideo ha sido «un ejemplo de transparencia» desde 1990 a la fecha. ¿Nos toma a todos por tontos? ¿Y los casinos que daban pérdida durante la gestión de Mariano? ¿Y los jerarcas progresistas que fueron procesaron por este escándalo? ¿Y la posibilidad de que un ex intendente frenteamplista sea procesado por este caso? ¿De qué transparencia habla Rodríguez? ¿De la que faltó en la concesión del Hotel Carrasco a Carmitel durante la gestión de Mariano? ¿Cuánto dinero costó y costará tanta falta de transparencia, que se traducirá en demandas millonarias que terminarán pagando los contribuyentes? ¿Habla de la transparencia de la licitación del Parque Rodó, que tras interminables demoras ahora se pretende adjudicar de apuro, antes del cambio de mando? ¿O se refiere a la también cuestionada licitación de los refugios peatonales, donde la empresa que perdió acusa a la comuna de preservar el monopolio de un privado y también estudia demandar a la IMM (o sea, a todos nosotros, que pagaremos la cuenta si se obró mal)? ¿O del juicio que una tripera anuncia ahora, por US$ 100 millones?

Del otro lado, la oposición no se ha dado por enterada. No pone el dedo donde a la izquierda le duele. Habla de falta de transparencia pero en voz baja, como pidiendo permiso. Hace una campaña lavada. Y no lastima. Se ha resignado a perder.

Tomado de «La Columna de Pepe Preguntón» – Campañas lavadas (I). «El País», 21-04-2010, y Campañas lavadas (II). «El País», 28-04-2010.

Es legal pagar patente más barata e ilegal fiscalizar

El Congreso de Intendentes acordó recientemente iniciar la fiscalización de los vehículos empadronados en otros departamentos y además sancionar a los conductores que no demuestren su residencia ya sea con el retiro de la matrícula, el secuestro del vehículo, o la denuncia judicial del conductor.
Sin embargo, para los especialistas en Derecho Tributario las intendencias que retiren chapas o secuestren vehículos empadronados en otros departamentos en cumplimiento con la fiscalización quedarán expuestas a juicios de particulares por daños y perjuicios.
Para los juristas consultados, la Ley 18.456, que dicta las normas sobre el empadronamiento de los rodados, es inconstitucional. Pero además puede generar serias consecuencias para el Estado, como el reclamo por daños y perjuicios de particulares afectados, según el abogado del estudio Rueda Abadi & Pereira Adrián Gutiérrez, quien además se desempeña como catedrático en Derecho Administrativo de la Universidad de la República.
«Algunas personas que se sientan damnificadas por el actuar de esa ley en particular podrían reclamar por concepto de responsabilidad del Estado los daños y perjuicios que se le ocasionan. En la medida que la aplicación es ilegítima, eso podría dar lugar al contribuyente a demandar judicialmente si, por ejemplo, se le secuestra el vehículo», señaló el jurista.
Por su parte, el abogado especialista en Derecho Tributario Leonardo Costa entiende que no hay dudas de que se trata de una ley inconstitucional. La competencia es departamental.
En ese sentido, agregó que se limitan derechos ciudadanos como el de la libre circulación, «lo que para los conductores es el grado máximo de chantaje», dijo. «Creo que de una guerra de patentes se va a generar una guerra de circulación, directamente. Lo cual genera una incertidumbre jurídica para el individuo, ya que se carecen de criterios desde el punto de vista legal para solucionar un problema que es netamente político», indicó.
Al abogado Alberto Varela, del Estudio Ferrere, le pareció un disparate que se anunciara luego del Congreso de Intendentes la exigencia de una constancia de domicilio y el retiro de chapas de automóviles que no la tengan. «Independientemente de que la norma es inconstitucional, los inspectores no están habilitados a pedirle a la gente que acredite su domicilio. Si el inspector de tránsito tiene dudas acerca de si la persona que está circulando en realidad pertenece a Montevideo, lo que tiene que hacer es hacer un juicio contra la intendencia y no en contra del particular», aseguró. «El juicio debería ser entre intendencias. Pero no hay derecho a molestar más a la gente; dentro de poco, va a haber que circular con un escribano en la valija. Eso es absurdo», señaló.
En su opinión, los conductores de los vehículos pueden negarse a mostrar las facturas de organismos públicos que acrediten residencia o el certificado notarial correspondiente. «Nada de esa documentación está autorizada a solicitarse. La ley es francamente inconstitucional, porque se mete en la distribución de la potestad tributaria de cada uno de los 19 departamentos», explicó.
El doctor Alberto Varela, integrante del Comité Directivo del Instituto Uruguayo de Estudios Tributarios, advirtió que cualquier sanción a quienes empadronaron sus vehículos en otros departamentos sería un acto ilícito. Constitucionalmente se puede empadronar en el departamento que se desee, sin necesidad de vivir allí y se puede empadronar donde se ofrezca la patente más baja.
Denuncian que no está vigente ley que autoriza a fiscalizar patentes de rodados
Alberto Varela, integrante del Comité Directivo del Instituto Uruguayo de Estudios Tributarios, indicó a «En Perspectiva» que la norma que autoriza a los inspectores municipales a fiscalizar los vehículos empadronados en otros departamentos y sancionar a los conductores que no demuestren su residencia no está vigente ya que requiere un decreto que la reglamente y que aún no ha sido dictado. El abogado agregó que la Constitución no obliga a empadronar en el departamento de residencia y consideró probable que, si la ley comienza a aplicarse, las comunas sean enjuiciadas por los propietarios de vehículos.

Municipales: haciendo lo de siempre…

… se termina como siempre. Hace una generación que el Frente Amplio gobierna Montevideo en régimen de partido único. Las múltiples consecuencias desastrosas de tan larga gestión las denunciamos todo el tiempo. Que la mugre, que los pozos, que la oscuridad, que la corrupción…
Sin embargo, a la hora de articular una alternativa de gobierno montevideano eficiente y moderna, se termina haciendo lo mismo de siempre. No se plantea una sola idea fuerza que rompa la rutina de 20 años.
A pesar de todas sus monumentales deficiencias, el Frente Amplio sigue reteniendo más del 50% de la opinión pública montevideana por lo que se requiere que un movimiento nuevo y potente lance una agenda alternativa. Sin embargo, los partidos opositores siguen pensando -como siempre- en tirarse por separado, con lista propia. Se los nota tranquilos, como conformes con el status quo.
Por un lado está el partido único que funciona prácticamente como una monarquía por derecho divino. En su entorno ya comenzó una lucha sanguinaria entre Erlich, para que no lo destronen, y otros candidatos que pretenden el trono de 18 y Ejido.
Por otro lado, está lo que se supone es «la oposición». Una multitud sin ideas, y por lo tanto complaciente con la monarquía, paralizada en una atmósfera de derrotismo. Es tal el grado de impotencia que en estos días, mientras en el Frente Amplio se pelean por ser el sucesor a la IMM, en la oposición el senador Sergio Abreu dijo que «no voy a la IMM ni que me lo pida el Espíritu Santo».
Y asi vamos. Recreando el sainete de siempre, que va a terminar como siempre. Habrá un nuevo rey frentista en Montevideo.

Los marginales edifican en veredas de Montevideo

«La vereda es de todos, no sólo de los peatones», habrá pensado el cuidacoches que decidió montar su pequeña casa sobre las baldosas de Cuareim y Uruguay, según la nota que apareció en el suplemento «Qué Pasa» de «El País» del 05-09-2009. El «propietario» de la vivienda, que al parecer no encontró resistencias del municipio por instalarse allí, es un viejo conocido de la zona. Aparentemente evaluó que después de tanto tiempo trabajando en esa esquina, era momento de asentarse.
Después de 20 años de partido único en Montevideo, la ciudad es un caos de mugre, deterioro y desorganización. La IMM sigue sin hacer nada y aún así es probable que el Frente Amplio vuelva a ganar el año que viene. La población y la oposición montevideanas no parecen salir de su apatía.

¿Quién le teme a la motosierra?

El candidato nacionalista Luis Alberto Lacalle ha recibido una andanada de críticas desde el Frente Amplio porque dijo que recortaría el gasto público con «motosierra». También los «analistas» o «politólogos» que andan en la vuelta han ensayado todo tipo de comentarios con tono de sorpresa y cejas alzadas ante tales declaraciones. Como si bajar el gasto público, fuera un dislate o una amenaza desestabilizadora. Bueno, en el Uruguay puede ser que lo sea…
Pero lo de la «motosierra» es una de esos trucos de campaña electoral. Esos golpes de efecto que duran lo que dura un titular de un diario. Porque en el Uruguay nadie cree, probablemente ni siquiera Lacalle, que esa expresión tenga algún otro sentido que el extrictamente figurado. En los últimos 50 años nunca hemos visto una motosierra cercana a ninguna oficina pública. Apenas alguna tijerita o máquina de afeitar, de vez en cuando.
De todos modos, a mi me gustó lo de entrarle al Estado con motosierra. Consideremos sólo a los efectos de escribir este artículo que la licencia poética de Lacalle pueda tener visos de realidad y que, efectivamente, si llega a la presidencia pretenda reducir drásticamente el gasto público.
¿Quién le teme a la motosierra? ¿A quiénes afectaría una reducción drástica del gasto público?
No creo que teman a la motosierra los cientos de miles de desempleados, sub-empleados o empleados en negro.
Ni los que siempre pagan las crisis con desempleo, baja de salarios e inseguridad laboral.
Ni los jóvenes que buscan su primer trabajo y que, en muchos casos, encuentran primero un pasaje de avión y un destino lejano donde trabajar.
Ni los cientos de miles de trabajadores y empresarios que salen a trabajar todas las mañanas tempranito a llevar adelante sus actividades con las que sostienen a sus familias y pagan los crecientes impuestos.
Ni los que pagan las naftas más caras del mundo.
Ni los cientos de miles de jubilados y pensionistas que cobran una miseria luego de una vida de trabajo y de pago de impuestos.
Ni los que están encadenados a la noria de IRPF, IASS, IVA, IRAE, IPAT, IMESI, IRNR, IMEBA, Monotributo, ICOSA, FIS, etc.
Ni los estudiantes que no pueden pagarse una educación privada –la abrumadora mayoría de los jóvenes uruguayos– y que pierden una de cada cinco horas de clase en el sistema público.
Ni los que son esclavos de las intendencias y, mientras deambulan entre la mugre, los pozos y la oscuridad, tienen que pagar religiosamente la contribución inmobiliaria, la patente de rodados, la tarifa de saneamiento, la tasa anual de necrópolis, la Tasa Bromatológica (que no es broma), los Impuestos Domiciliarios, etc.
Ni los ciudadanos que salen todos los días a las calles de las ciudades y pueblos del país a enfrentar a malvivientes de todo tipo que reinan con impunidad en todos lados.
Ni los maestros, policias, médicos, enfermeros, bibliotecarios, asistentes sociales, guardias de cárceles, jueces y personal judicial, que tratan de ofrecer servicios públicos esenciales con sueldos y herramientas miserables.
Ni Pedro…
… sigue la lista (tal vez la ampliemos en una próxima oportunidad).
Los que deben tenerle pánico a la motosierra son los que viven del Estado sin hacer nada. Los porteros y ascensoristas que ganan decenas de miles de pesos por mes.
Los políticos y partidos que crecen en la demagogia y el populismo y los sindicatos enquistados en la izquierda y el Estado, que viven y luchan para repartir («distribuir», deberíamos decir) la riqueza que no es de ellos, sino de los que trabajan duro para crearla.
Las decenas de miles de empleados públicos que básicamente cobran un subsidio de desempleo disfrazado de sueldo.
Todos los empleados públicos para quienes no hay crisis, ni desempleo, ni baja de salarios, ni inseguridad laboral. Nunca. Gracias a los impuestos que pagan todos los demás.
Las empresas públicas y sus empleados que no tiene razón de ser, excepto como herramienta de extracción forzosa de recursos de la gente que trabaja y produce para financiar al Estado.
Pluna
AFE
ANTEL
Los de arriba, que viven de los de abajo.
La Universidad de la República.
El Hospital de Clínicas, monumento de la izquierda en ruinas, que sigue pidiendo plata mientras más del 30% de sus miles de funcionarios están en la casa porque tienen «gripe».
Los funcionarios públicos de confianza.
La burbuja eterna.
Chris Namús.
Juan.
Bella Unión, el capitalismo progresista que vive gracias al subsidio de los contribuyentes.
La agencia de viajes de la IMM.
El Hotel Carrasco.
Los asesores del Arroyo Carrasco.
Los casinos públicos, municipales y de cualquier otro tipo.
Los funcionarios municipales que ganan cuatro veces más que un empleado privado…
… sigue la lista (tal vez la ampliemos en una próxima oportunidad).

La IMM está en bancarrota

La Intendencia Municipal de Montevideo (IMM) generó un pasivo de $ 1.718.000.000 (U$S 71.583.333) con el Banco de la República Oriental del Uruguay (Brou) por préstamos, según la Rendición de Cuentas del año 2008.
Para la administración Ehrlich, el pasivo con el Brou es administrable y hasta puede llegar a ser saldado en su totalidad durante el ejercicio actual, a pesar de representar una cifra similar o superior a los principales ingresos de la comuna capitalina durante 2008. La IMM tuvo tres principales fuentes de ingresos en materia tributaria durante el año pasado: $ 1.761.000 por Contribución Inmobiliaria Urbana, $ 1.143.000.000 por Patente de Rodados y $ 682.000.000 por Tasa General Municipal.
El pasivo total de la IMM se conformó con los $ 1.718.000.000 adeudados con el Brou, que están en Unidades Indexadas tomadas sobre el final del ejercicio 2008 junto a los demás compromisos. El resto de los pasivos hacen a los pagos comprometidos por planes de Saneamiento, documentos referidos al ensanche de Batlle y Ordóñez y $ 34.000.000 en cheques diferidos.
El balance presupuestal de 2008 no toma en cuenta a la Unidad Ejecutora de Saneamiento, la cual dejó un resultado deficitario de $ 62.488.023, pero se espera el ingreso de más fondos pactados con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Aunque 2008 fue un año con recaudación superior a la obtenida durante 2007, el director de Recursos Financieros de la IMM, Enrique Cabrera, reconoció que la comuna capitalina recaudó U$S 28.000.000 por debajo de lo proyectado para el año pasado.

Recuperación de asesores del arroyo Carrasco

Once asesores fueron contratados por la Intendencia de Montevideo para impulsar la recuperación del arroyo Carrasco, con sueldos de hasta $ 52.000 mensuales, según informó «El País» del 04-06-2009. En ese programa, que recibió una donación de 3.000.000 euros, participa el director de Descentralización de la Oficina del Planeamiento y Presupuesto (OPP), Alberto Rosselli, investigado por el caso el ex director de Casinos, Juan Carlos Bengoa.
Este equipo de asesores está compuesto por un maestro, una antropóloga, una licenciada en comunicación, una arquitecta, un ingeniero agrónomo, un «idóneo en territorio», un secretario administrativo, una socióloga, un auxiliar contable y un médico. Con excepción de la secretaria, sus salarios oscilan entre $ 46.000 y $ 52.000 por mes.
La IMM informó al Tribunal de Cuentas que esas personas ingresaron por concurso y por ende esas contrataciones no recibieron observaciones de ese organismo de contralor. Sin embargo, una resolución municipal del 14 de abril, dispuso de $ 664.107 (US$ 27.000) para «la contratación de las personas que se indican en la nómina de seleccionados realizada a través de la base de datos del Programa Uruguay Integra (perteneciente a la oficina de Rosselli en la OPP) para el proyecto `Cohesión social y desarrollo territorial sustentable en la Cuenca del Arroyo Carrasco». La resolución no habla de concursantes. Al otro día, la comuna detectó el error y la dejó sin efecto.
La contratación de los asesores comenzó el 23 de octubre de 2008 cuando Rosselli comunicó a la IMM que la Unión Europea había decidido subvencionar el proyecto de recuperación del arroyo Carrasco. Rosselli fue jefe del ex director de Casinos Municipales, Juan Carlos Bengoa – hoy en prisión- durante la administración Arana. En 2006, pasó a ocupar un cargo en la OPP.
Los cargos del embajador Carlos Pita
El jefe del proyecto de la Cuenca del Arroyo Carrasco es Gonzalo Reboledo, dirigente de la Corriente Popular, liderada por el embajador en Chile, Carlos Pita. Una de las asesoras contratadas es una de las hijas de Pita. Percibirá $ 546.167 durante 24 meses ($ 22.200 por mes) por un cargo de secretaria administrativa. Otro asesor fue suplente de Pita en las últimas elecciones. Cobrará $ 1.018.024 por 22 meses (unos $ 46.200 por mes) como secretario administrativo.

Casino dejaron nada: Gandini pide ampliar denuncia

El diputado Jorge Gandini solicitará a la jueza Fanny Canessa una ampliación de la denuncia sobre lo ocurrido en Casinos Municipales entre 2000 y 2005. Se trata de dos resoluciones sobre la negociación con Carmitel, firmadas por el ex intendente Mariano Arana y la ex secretaria general María Julia Muñoz.
El 2 de febrero de 2002, ambos jerarcas municipales aceptaron el «desistimiento de la petición formulada por la firma Carmitel S.A.», que había solicitado a la comuna «se abstuviera de dictar actos o realizar operaciones jurídicas tendientes al traslado del Casino Municipal del Hotel Carrasco, hasta tanto se resolviera la impugnación presentada al Poder Ejecutivo» contra el permiso otorgado para habilitar provisoriamente el Hotel Oceanía, según versa la resolución 669/02.
En el documento se habla asimismo de un «acuerdo» alcanzado entre la Administración y la empresa privada y se expresa textualmente que «por nota del 14 de febrero de 2002, la peticionaria (Carmitel) reconoce que la administración se abstuvo de innovar a fin de no perjudicar la concesión» y señala «como resultado de negociaciones con la misma», aunque no se mencionan las contrapartidas. Al pie de la resolución se da vista de la medida al Departamento de Desarrollo Económico e Integración Regional, cargo ocupado entonces por Alberto Roselli.
Para solicitar la ampliación el legislador se basa en el auto de procesamiento de los imputados, donde se señala que «la indagatoria se encuentra recién en su comienzo» y que «su objeto es determinar nuevas responsabilidades para lo cual habrá tiempo durante el sumario».
Gandini adjunta asimismo la resolución 1009/02 con fecha 15 de marzo de 2002 en la cual se aprueba el texto del contrato con Carmitel para el arrendamiento de máquinas slots para la sala de juegos del Casino Carrasco. También en este caso se delegó responsabilidad en Roselli.
El representante nacional subraya que Arana y Muñoz «entablaron negociaciones reservadas» con Carmitel que «hoy a valores actuales le reporta aproximadamente U$S 400.000 anuales, sin exigirle que cumpla con las obligaciones principales del contrato de concesión».
Gandini solicitará asimismo a Canessa que se oficie a la Junta Asesora en Materia Económico Financiera las declaraciones juradas de Arana, Muñoz, Roselli, Juan Carlos Bengoa y Orestes González, «desde su ingreso a la Administración hasta la fecha».