Es legal pagar patente más barata e ilegal fiscalizar

El Congreso de Intendentes acordó recientemente iniciar la fiscalización de los vehículos empadronados en otros departamentos y además sancionar a los conductores que no demuestren su residencia ya sea con el retiro de la matrícula, el secuestro del vehículo, o la denuncia judicial del conductor.
Sin embargo, para los especialistas en Derecho Tributario las intendencias que retiren chapas o secuestren vehículos empadronados en otros departamentos en cumplimiento con la fiscalización quedarán expuestas a juicios de particulares por daños y perjuicios.
Para los juristas consultados, la Ley 18.456, que dicta las normas sobre el empadronamiento de los rodados, es inconstitucional. Pero además puede generar serias consecuencias para el Estado, como el reclamo por daños y perjuicios de particulares afectados, según el abogado del estudio Rueda Abadi & Pereira Adrián Gutiérrez, quien además se desempeña como catedrático en Derecho Administrativo de la Universidad de la República.
Algunas personas que se sientan damnificadas por el actuar de esa ley en particular podrían reclamar por concepto de responsabilidad del Estado los daños y perjuicios que se le ocasionan. En la medida que la aplicación es ilegítima, eso podría dar lugar al contribuyente a demandar judicialmente si, por ejemplo, se le secuestra el vehículo”, señaló el jurista.
Por su parte, el abogado especialista en Derecho Tributario Leonardo Costa entiende que no hay dudas de que se trata de una ley inconstitucional. La competencia es departamental.
En ese sentido, agregó que se limitan derechos ciudadanos como el de la libre circulación, “lo que para los conductores es el grado máximo de chantaje”, dijo. “Creo que de una guerra de patentes se va a generar una guerra de circulación, directamente. Lo cual genera una incertidumbre jurídica para el individuo, ya que se carecen de criterios desde el punto de vista legal para solucionar un problema que es netamente político”, indicó.
Al abogado Alberto Varela, del Estudio Ferrere, le pareció un disparate que se anunciara luego del Congreso de Intendentes la exigencia de una constancia de domicilio y el retiro de chapas de automóviles que no la tengan. “Independientemente de que la norma es inconstitucional, los inspectores no están habilitados a pedirle a la gente que acredite su domicilio. Si el inspector de tránsito tiene dudas acerca de si la persona que está circulando en realidad pertenece a Montevideo, lo que tiene que hacer es hacer un juicio contra la intendencia y no en contra del particular”, aseguró. “El juicio debería ser entre intendencias. Pero no hay derecho a molestar más a la gente; dentro de poco, va a haber que circular con un escribano en la valija. Eso es absurdo”, señaló.
En su opinión, los conductores de los vehículos pueden negarse a mostrar las facturas de organismos públicos que acrediten residencia o el certificado notarial correspondiente. “Nada de esa documentación está autorizada a solicitarse. La ley es francamente inconstitucional, porque se mete en la distribución de la potestad tributaria de cada uno de los 19 departamentos”, explicó.
El doctor Alberto Varela, integrante del Comité Directivo del Instituto Uruguayo de Estudios Tributarios, advirtió que cualquier sanción a quienes empadronaron sus vehículos en otros departamentos sería un acto ilícito. Constitucionalmente se puede empadronar en el departamento que se desee, sin necesidad de vivir allí y se puede empadronar donde se ofrezca la patente más baja.
Denuncian que no está vigente ley que autoriza a fiscalizar patentes de rodados
Alberto Varela, integrante del Comité Directivo del Instituto Uruguayo de Estudios Tributarios, indicó a “En Perspectiva” que la norma que autoriza a los inspectores municipales a fiscalizar los vehículos empadronados en otros departamentos y sancionar a los conductores que no demuestren su residencia no está vigente ya que requiere un decreto que la reglamente y que aún no ha sido dictado. El abogado agregó que la Constitución no obliga a empadronar en el departamento de residencia y consideró probable que, si la ley comienza a aplicarse, las comunas sean enjuiciadas por los propietarios de vehículos.

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