Archive for 29 noviembre 2008

Al son de la habanera

noviembre 29, 2008

El MSP eliminó del registro de médicos cubanos que trabajan en la Operación Milagro a Vladimir Villamil, quien abandonó ese servicio. “Estoy sorprendido, shockeado y estupefacto por esta situación”, expresó Villamil a mediados de noviembre, tras conocer por la prensa la decisión del Ministerio de Salud Pública (MSP), puesto que no le fue notificada.
Villamil se reunirá con su abogado para analizar la situación, analizar lo ocurrido y definir los pasos a seguir. El médico informó que ya registro su título de oftalmólogo en el registro de profesionales de la salud, por lo que considera que está habilitado para ejercer la medicina en todo el país, aunque la decisión del gobierno le genera dudas y miedos. “El título fue habilitado por la Facultad de Medicina y espero que esto no cambie. Pero nadie me ha llamado de la Facultad ni de la Caja Profesional. Iba a exponer mi curriculum y a hablar acerca de las posibilidades de trabajo, pero ahora no lo sé”, afirmó.
El ejercicio de la medicina por parte de los médicos cubanos que trabajan en el Hospital de Ojos fue motivo de controversia y discusiones entre jerarcas del MSP y doctores uruguayos. Ante las demoras en una definición sobre si se revalidaban los títulos a los oculistas cubanos, el gobierno por decreto les permitió ejercer la medicina solo en el marco de la Operación Milagro que Cuba desarrolla en varios países. Para ello, los inscribió en un registro temporario, del que dio de baja a Villamil tras la decisión de éste de dejar la Operación Milagro y de vivir en Uruguay.
La embajadora cubana en Uruguay, Marielena Ruiz, fue notificada de la decisión y expresó que “esto se trata de un convenio bilateral y la habilitación de los títulos se solicitó de manera temporal y específicamente para trabajar en el Hospital de Ojos”. La diplomática señaló que la otra persona eliminada del registro “es un colaborador que regresó a Cuba porque va a cubrir otra misión y así será con el resto de la brigada, que debe cambiar en diciembre”.
Villamil evalúa emigrar a otro país
En su edición del 27 de noviembre “Búsqueda” informó que Villamil está “preocupado” por la decisión del MSP de eliminarlo de los registros de médicos habilitados para ejercer en el país y por ello evalúa si inicia un trámite de habilitación -que podría llevarle meses- o emigra hacia un tercer país. Para ello Villamil deberá hacerse de su pasaporte que en la actualidad está en poder de la Embajada cubana en Uruguay.
Villamil enfrenta el triste destino de otros “desertores” cubanos
En un reportaje exclusivo para “El País” Villamil dejó entrever las graves consecuencias que podría enfrentar tras su decisión de abandonar la Operación Milagro y quedarse a trabajar en Uruguay. “Es una decisión muy bien pensada que implicó un gran costo personal. Decidí apartarme de la Operación Milagro y quedarme en este país a trabajar. Dejé en Cuba un hijo de 10 años, mi madre que es médica, y el resto de mi familia”, dijo el médico.
“Sé que cuando uno toma una decisión de estas, deja mucho. Mis cuentas se clausuran, las propiedades a nombre mío también. Todo es pérdida. Por eso, no lo hice a lo loco. Vale la pena.”, agregó Villamil, quien agregó que “soy civil y un ser humano y tengo derecho a decidir sobre mi propia vida. Esta es una sociedad con muchos derechos civiles, donde hay libertad, hay tranquilidad. Este país es para vivir y trabajar.” Cuando se le preguntó por su hijo, Villamil dijo que no sabe cuándo lo volverá a ver.
Médicos cubanos vigilados y sin dinero
A raíz de la renuncia del Dr. Villamil, los uruguayos empezamos a conocer qué hay detrás de la “Operación Milagro”. En el Hospital Saint Bois hay un lugar que evoca Cuba. Allí viven los médicos de la “Operación Milagro”. No tienen la libertad de cualquier uruguayo aunque no expresan quejas. Sobre el caso de Vladimir Villamil hablan poco.
La brigada está compuesta por 28 personas y llegó, en su mayor parte, en octubre de 2007. No sólo hay médicos oftalmólogos. También hay un anestesista, un epidemiólogo, varias enfermeras, una licenciada en farmacia, varios ingenieros, instrumentistas, personal para el laboratorio clínico, una jefa de esterilización y optometristas. Incluso hay dos cocineros, uno de los cuales oficia también de chofer.
Todos ellos viven en un ala del Hospital de Ojos, donde se come comida cubana, se escuchan radios cubanas y se mira televisión cubana. Es un pabellón de la planta alta con habitaciones con dos camas y baño privado. Cuando se vayan será otro lugar de internación.
Según explicó a “El País” el jefe de la Brigada, Isaac Paredes, la jornada comienza a las 5.30 y a las 7.15 el equipo y el block quirúrgico están preparados para el trabajo. La hora en la que la jornada termina, depende de cada uno. Unos pueden terminar a las 16.00, otros más tarde. A las 20.00, se hace un chequeo de los problemas que se presentaron en el día. “Esto nos crea la habilidad de saber qué problemas habrá mañana. Nosotros no marcamos tarjeta porque cada uno sabe lo que hacer. Y para nosotros vivir en el hospital es una facilidad. Aquí la gente se despierta temprano y más calma”, dijo.
La Sociedad Oftalmológica Uruguaya denunció semanas atrás en el semanario Búsqueda que los médicos cubanos “están presos” en el hospital. Si los médicos quieren ir a dar una vuelta por el Centro, primero tienen que avisar, aunque Paredes informó que todos tienen celulares.
“El famoso `permiso` es para saber dónde está la gente, porque cada grupo tiene un responsable”, dijo. A su juicio esto no coarta la libertad. “La libertad es un sentimiento, más que un estado. Nosotros nos sentimos libres”, aseguró.
“El País” dialogó con cuatro miembros de la brigada y les preguntó qué lugares de Uruguay habían conocido. Sólo uno respondió que había estado en la Ciudad Vieja. Otra dijo que los habían llevado a “Piriápolis y a Maldonado”. El resto se limitó a hablar de las pesquisas que estuvieron realizando sobre pacientes oftalmológicos en algunos lugares del interior del país.
Para responder a estas preguntas de “El País”, los cuatro médicos cubanos solicitaron autorización a Paredes. Incluso luego que éste ya la había otorgado, una de las consultadas pidió a un colega que el jefe fuera informado de que la entrevista se estaba realizando.
Bienvenida Pilotu, licenciada en enfermería para el post operatorio se limitó a señalar: “Vivimos muy bien, con toda la comodidad”. La deserción de Vladimir Vilamill Martínez del equipo despierta pocos comentarios. “La posición fue de firmeza y seguir con lo que estamos haciendo”, dijo Pilotu. Gelen Welch, médica cirujana aseguró que la ida del colega “no impactó, fue una decisión personal, su problema, su vida”.
Paredes también se limitó a señalar que se trataba de una decisión personal que tendrá un costo personal importante. Y ante la pregunta de si hubo alguna señal que pronosticara esta deserción, se limitó a contestar: “Él tenía sus funciones aquí como todo el mundo. Pero te empiezas a divorciar desde que lo pensaste”.
En el ala donde viven hay acceso a un servicio de televisión y radios cubanas por satélite. Estos son brindados por el gobierno cubano, explicó Paredes. Antes tenían el servicio de televisión por cable, pero ahora sólo tienen canales uruguayos que complementan las emisiones desde la isla.
En una pequeña sala con dos computadoras, que ellos llaman “cibercafé”, también tienen servicio de internet, aunque éste es pago por el Ministerio de Salud Pública según confirmó Yamandú Bermúdez, director del hospital. A diferencia de lo que sucede en Cuba, éste servicio tiene acceso a todas las páginas de internet.
“Las limitaciones en Cuba son para las páginas que no son productivas. Si yo soy médico, tendré un servidor con los sitios médicos habilitados”, explicó Paredes. Cambridge, por ejemplo, está habilitado. El de la Universidad de Massachusetts no.
Y, como aquí tienen un servicio de acceso completo, lo que hacen es “controlarse”. “Hacemos un uso razonable en base a nuestros principios. Porque no dejamos de ser cubanos”, apuntó el jefe de la brigada médica.
El equipo cubano ha realizado 5.894 intervenciones, de las cuales 4.497 fueron por cataratas.
La remuneración por todo ese trabajo, los cubanos no lo ven. Es que su sueldo, que su jefe Isaac Paredes prefirió no revelar, es entregado a sus familias en Cuba. A ellos les otorgan un “dinero de bolsillo” con el cual pueden moverse. Paredes tampoco informó a cuánto asciende esta cifra, pero por lo menos para pagar un contrato de celular les alcanza.

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¡¿Dónde está la popularidad?!

noviembre 29, 2008

El Frente Amplio pasó de reunir más de la mitad de los votos del electorado en octubre de 2004 a ser superado, por seis puntos, en noviembre de 2008, según “Ultimas Noticias”.
La última Encuesta Nacional Factum indica que el Frente Amplio tiene “la preferencia en intención de voto con un 42% seguido por el Partido Nacional con 37%, el Partido Colorado con 9%, el Partido Independiente que ronda el 1,5% y Asamblea Popular el 0,5%”. De esta manera, la oposición obtiene el 48% del total. De todas formas la encuesta determinó un 8% de indecisos cuya decisión sería determinante.
El lunes “Ultimas Noticias” difundió una encuesta de Interconsult que determinó que la intención de voto para el partido de gobierno caía dos puntos, ubicándolo en el 40%, mientras los blancos crecían hasta el 36%, situándose a 4 puntos.
Más allá de los resultados puntuales de las últimas encuestas, la tendencia del Frente Amplio, del 2004 a esta parte, ha oscilado del 42 al 46% y está en baja. En contraposición, el Partido Nacional ha seguido una línea de crecimiento.

Sin educación no hay país, y no hay educación

noviembre 24, 2008

Quizás, no es de descartar, al comienzo fue un problema de recursos, pero ya hace tiempo que no. Por años, la oposición política, la corporación universitaria, y los gremios docentes, nos quisieron hacer creer que los males de la educación eran un problema presupuestal. Por eso hicieron tanto ruido para obtener el 4,5% del PBI. Ahora lo tienen.
Solo será una cuestión de tiempo demostrar que, tal como están las cosas, seguir dándole plata a la educación es dilapidar el dinero de todos. Quizás, no es de descartar, al comienzo fue un problema de recursos, pero ahora la educación tiene podrida el alma, y eso no es una cuestión de dinero. Hay mil historias para avalarlo, desde los docentes faltadores y/o corruptos a la egoísta endogamia universitaria, desde las luchas de poder que toman de rehén a los alumnos a la oposición contra el Plan Ceibal, etcétera.
Pero como estas historias de terror se renuevan cada día, enfoquemos en lo que ocurrió en el liceo 62, donde 1.600 estudiantes hace 16 días que están sin clases. Un alumno pierde el año con 20 faltas, pero los docentes que ocupaban el liceo dicen que no les hace nada que hayan perdido esas clases. Los docentes pedían la remoción de la directora del 62, a la que acusan de autoritaria. Las autoridades no dieron corte a los reclamos, hasta que los docentes ocuparon en liceo.
Entonces, poniéndose a la altura de las circunstancias, las autoridades, que en ningún momento ordenaron desocupar el local en defensa de los estudiantes –como ocurriría con cualquier fábrica ocupada– removieron luego a la directora, demostrando que son como los botones, y que solo funcionan a presión. Este jueves el asunto quedó solucionado con la remoción de la directora, pero los docentes no arrancan a trabajar hasta el lunes. Vagos consuetudinarios, se tomarán el viernes libre, así enganchan con el fin de semana, y arrancan el lunes, ya en los últimos días de clase.
Cuando se hacen seminarios, charlas o sesudos análisis acerca de por qué será que los alumnos de Secundaria desertan del sistema, pienso que es simplemente otra forma de tomarnos el pelo, así como hacen los gremios docentes cada vez que pueden y los dejan, es decir, cada dos por tres.
Columna “El alma podrida” por Gabriel Pereyra. Observa Ciudadano, 19-11-2008

Facturas con propaganda política

noviembre 21, 2008

El diputado blanco Javier García elevó un pedido de informes por el reparto del proyecto de ley de educación con la factura de Antel, que según el legislador fue dispuesto en una resolución “reservada” por el Directorio del organismo de las telecomunicaciones. El pedido de informes está dirigido al Ministerio de Industria y Energía y Minería con destino a Antel, según informa “El País” hoy.
“Conjuntamente con las facturas de Antel correspondientes al mes de octubre de 2008 el ente repartió un folleto promoviendo un proyecto de ley general de educación, que como proyecto que es responde a una visión parcial y partidaria de este tema”, dice García en el pedido de informes. “Claramente también se promocionan, en el mismo, políticas del gobierno como la reforma tributaria, los Consejos de Salarios, el Plan de Emergencia y la reforma de la salud, en tono proselitista”, agrega.

Según información que dispone García, existen “resoluciones” del Directorio de Antel que son calificadas de “reservadas”, siendo un ejemplo de éstas “aquellas que consideraron y resolvieron el encarte de este folleto”. “Las mismas no aparecen en los medios de comunicación institucional habituales, no teniendo acceso el público a pesar de ser Antel una empresa de todos los uruguayos y ser monopólica en lo que hace a la telefonía básica”, advierte el diputado.
García pide que se le remita las resoluciones del Directorio de Antel donde se haya considerado y resuelto este encarte, y si el ente cobró para distribuir el folleto. También pide saber si otros organismos del Estado están haciendo lo mismo con sus facturas. “Si así como Antel encartó y repartió un folleto con las características señaladas (proyecto del partido de gobierno) también está de acuerdo con hacer lo mismo con materiales o folletos que hagan conocer los proyectos de los partidos políticos de la oposición, en iguales condiciones”, pregunta el diputado blanco. El pedido de informes termina solicitando se le remitan las resoluciones “reservadas” de Antel.

En vísperas del gran robo*

noviembre 20, 2008

Los senadores deben evaluar la gravedad institucional que implicaría la sanción del proyecto oficial de reforma jubilatoria
Ante la fuerte probabilidad de que el Senado convierta hoy en ley el proyecto oficial de reforma jubilatoria, indigna que el bloque legislativo mayoritario siga sin entender que el porvenir de varias generaciones no puede ser resuelto entre gallos y medianoche.
Nada positivo puede esperarse de esta reforma previsional, que así como salió de la Cámara de Diputados implicará un auténtico robo a los futuros jubilados.
(…) es vital comprender que el remedio propuesto por el Poder Ejecutivo Nacional será peor que cualquier enfermedad. No sólo agravará la situación de quienes dice defender, sino que le asestará un durísimo golpe a la seguridad jurídica y a la propiedad privada.
Se trata de una norma basada en el engaño y en la demagogia populista. En primer lugar, porque, lejos de buscar la protección de los ahorros de los trabajadores para su retiro, sólo apunta a dar un manotazo más a buena parte de la ciudadanía para continuar financiando gastos del Estado que nada tienen que ver con el régimen previsional.
En segundo lugar, porque desde un principio los funcionarios del Gobierno hablaron de una estatización del sistema, hasta que un congelamiento de fondos de las AFJP en el exterior, adoptado preventivamente por un juez estadounidense ante una demanda de bonistas castigados por el default, obligó a las autoridades nacionales a modificar su discurso. En efecto, la propia presidenta de la Nación explicó que sólo la administración de los fondos jubilatorios pasará al sector público. Claro que si fuera efectivamente así, los aportantes a las AFJP continuarían siendo los dueños de sus ahorros, que hasta hoy se hallan en cuentas individuales. Pero nada de esto ocurrirá. Los aportes de cada afiliado se confundirán en un gran pozo común, que en el mejor de los casos terminará repitiendo las injusticias que nuestros padres o abuelos vienen sufriendo desde hace décadas en el viejo sistema de reparto estatal.
Hay un tercer motivo para desconfiar de la iniciativa oficial. Se ha señalado desde el oficialismo que las AFJP han dilapidado los ahorros de los jubilados por sus pésimas inversiones. El portafolio de inversiones de las administradoras, sin embargo, reconoce la tutela del propio Estado, que virtualmente forzó a sus gerenciadores a invertir casi 6 de cada 10 pesos de ahorros jubilatorios en bonos del sector público nacional, que no hace falta recordar cuánto se han desvalorizado desde principios de año. Y nada hace presumir que el destino que les dé a esos ahorros la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) sea más seguro y rentable.
¿Pretenderá el actual Gobierno financiar con los fondos jubilatorios cualquier proyecto de obra pública que el sector privado no está dispuesto a financiar por no considerarlo rentable? Si ése será el destino de los recursos que administrará en adelante la Anses -esto es, proyectos de bajo o negativo rendimiento-, cabe pronosticar un futuro aún más penoso no sólo para los próximos jubilados, sino también para los actuales.
En definitiva, de aprobarse como ha sido planteado por el oficialismo el proyecto de reforma jubilatoria, estaremos ante una confiscación de fondos privados que, por si fuera poco, dejarán de ser heredables por los beneficiarios de los aportantes a las AFJP, como hasta ahora, al igual que los cuantiosos aportes voluntarios efectuados por los trabajadores en los últimos 14 años. Corresponde que los senadores reparen en este aspecto antes de que una avalancha de demandas judiciales y hasta llamados a la rebelión fiscal no sólo incrementen la incertidumbre, sino que también aumenten la sensación de que el Gobierno es capaz de cualquier cosa menos de garantizar la seguridad jurídica.
(*)Tomado de la nota editorial de “La Nación” del 20-11-2008.

En la Edad Media

noviembre 19, 2008

El jefe de Policía de Montevideo, Néstor Artigas Lema, dijo a “El Observador” que no se puede detener a personas en estado etílico en la medida en que no cometan un delito. “Solo podemos detener a alguien cuando está atentando contra su propia salud” o “participando en un disturbio”, dijo. Reiteró que la Policía no cuenta con un marco legal que la ampare para detener fuera y dentro de un campo de juego a personas por el solo hecho de estar alcoholizadas. La ley contra la violencia en el deporte facultó al Ministerio del Interior a “disponer la prohibición total o parcial de venta de bebidas alcohólicas en los eventos deportivos”.
Bueno, el señor jefe de Policía de Montevideo debe estar equivocado. El Código Penal es contundente al respecto. En su Capítulo II “De las faltas contra la moral y las buenas costumbres”, el Artículo 361 dice que “serán castigados con multa de 10 U.R. (diez unidades reajustables) a 100 U.R. (cien unidades reajustables) o prisión equivalente (…) el que en lugar público o accesible al público se presentare en estado de grave alteración psíquica producida por el alcohol o por substancias estupefacientes y el que por los mismos medios provocare en otros dicho estado.” (Numeral 6. Abuso de alcohol o estupefacientes).
Esta dramática discrepancia entre lo que ordena la ley (el Código Penal y la ley natural) y lo que hace la sociedad (con la policía adentro) explica en buena medida que veamos todos los días, a toda hora, en cualquier espacio público, personas tomando bebidas alcohólicas, durmiendo “la siesta” o haciendo cualquier otro tipo de cosa desubicada… sin consecuencias.
No solamente el abuso de alcohol o estupefacientes…
… está prohibido y castigado por el Código Penal, pero la fuerza pública no lo reprime. El Artículo 361 también define la mendicidad abusiva, estableciendo penas para “el que se dedicare a mendigar públicamente, sin estar inhabilitado para el trabajo por causa de invalidez, enfermedad o vejez, o en lugares donde haya establecimientos destinados a asilar o socorrer a los mendigos”. El mismo artículo habla de la instigación a la mendicidad, estableciendo penas para “el que dedicare niños a mendigar públicamente.
Por eso no extraña ver diariamente a cientos de personas y niños acosando a transeúntes y automovilistas ofreciendo servicios totalmente ilegítimos a cambio de monedas, o directamente pidiendo una limosna.
Tampoco se reprime a los que ensucian, por lo que Montevideo es una de las ciudades más mugrientas del mundo. En efecto, el Artículo 365 del Código Penal castiga con “10 U.R. (diez unidades reajustables) a 100 U.R. (cien unidades reajustables) de multa o prisión equivalente” al que “arroja en un lugar de tránsito público, o en un lugar privado, pero por donde circulan personas, cosas susceptibles de lesionar, ensuciar o molestar.
Hacia la Edad Media
Todo este conjunto de violaciones a las normas más elementales de convivencia y dignidad se sobrellevan con una gran dósis de insensibilidad e indiferencia. Nos hemos habituado a todas esas agresiones. Nuestros hijos conviven con ellas, por lo que la próxima generación de uruguayos ya las tiene incorporadas como cosas normales.
Entonces, que las autoridades policiales no sólo no hagan cumplir la ley, sino que defiendan públicamente su inacción ante el delito, es apenas una parte, un síntoma del viaje de la sociedad uruguaya hacia la Edad Media.

¿Internas? ¿Qué internas? Consenso…

noviembre 18, 2008

La mayor parte de los votantes del Frente Amplio quiere que la fórmula presidencial de la izquierda se defina en las internas. En materia de candidatos, las encuestas marcan paridad entre Danilo Astori y José Mujica en la intención de voto.
Así lo señala un sondeo de Interconsult, que publica Últimas Noticias, en el que se asegura que un 52 % de los frentistas desea que la fórmula de la izquierda se resuelva mediante internas. Recordemos que hasta el momento el oficialismo hizo hincapié en la importancia de resolver una fórmula de consenso en el Congreso, lo que parece haber quedado en el camino tras la negativa de los dos candidatos principales (Mujica y Astori) a ceder el primer lugar en beneficio del otro.
Las elecciones internas son obligatorias
Pero, ¿es que habrá otra forma posible para que el Frente Amplio elija su candidato a la presidencia? Parece que no. El artículo 77 de la Constitución de la República en su numeral 12 dice claramente que “los partidos políticos elegirán su candidato a la Presidencia de la República mediante elecciones internas…”. Además la Disposición Transitoria y Especial W) establece las reglas básicas para la realización de las elecciones internas, diciendo que “las elecciones internas para seleccionar la candidatura presidencial única para las Elecciones Nacionales a celebrarse en 1999, así como las que tengan lugar, en lo sucesivo, y antes de que se dicte la ley prevista en el numeral 12) del artículo 77, se realizarán de acuerdo con las siguientes bases:
a) Podrán votar todos los inscriptos en el Registro Cívico.
b) Se realizarán en forma simultánea el último domingo de abril del año en que deban celebrarse las elecciones nacionales por todos los partidos políticos que concurran a estas últimas.
c) El sufragio será secreto y no obligatorio.
d) En un único acto y hoja de votación se expresará el voto:
1) por el ciudadano a nominar como candidato único del Partido a la Presidencia de la República;
2) por las nóminas de convencionales nacionales y departamentales.
Para integrar ambas convenciones se aplicará la representación proporcional y los precandidatos no podrán acumular entre sí.
La referencia a convencionales comprende al colegio elector u órgano deliberativo con funciones electorales partidarias que determine la Carta Orgánica o el estatuto equivalente de cada partido político.
e) El precandidato más votado será nominado directamente como candidato único a la Presidencia de la República siempre que hubiera obtenido la mayoría absoluta de los votos válidos de su partido. También lo será aquel precandidato que hubiera superado el cuarenta por ciento de los votos válidos de su partido y que, además, hubiese aventajado al segundo precandidato por no menos del diez por ciento de los referidos votos.
f) De no darse ninguna de las circunstancias referidas en el literal anterior, el Colegio Elector Nacional, o el órgano deliberativo que haga sus veces, surgido de dicha elección interna, realizará la nominación del candidato a la Presidencia en votación nominal y pública, por mayoría absoluta de sus integrantes.
g) Quien se presentare como candidato a cualquier cargo en las elecciones internas, sólo podrá hacerlo por un partido político y queda inhabilitado para presentarse como candidato a cualquier cargo por otro partido en las inmediatas elecciones nacionales y departamentales.
Dicha inhabilitación alcanza también a quienes se postulen como candidatos a cualquier cargo ante los órganos electores partidarios.
h) De sobrevenir la vacancia definitiva en una candidatura presidencial antes de la elección nacional, será ocupada automáticamente por el candidato a Vicepresidente, salvo resolución en contrario antes del registro de las listas, del colegio elector nacional u órgano deliberativo equivalente, convocado expresamente a tales efectos.
De producirse con relación al candidato a Vicepresidente, corresponderá al candidato presidencial designar su sustituto, salvo resolución en contrario de acuerdo con lo estipulado en el inciso anterior.”
Además, la ley Nº 17.063 reglamenta al detalle el funcionamiento de las elecciones internas.

No se reconocen las reglas democráticas
Entonces, ¿cómo es posible que exista tal confusión en las autoridades del Frente Amplio y en sus partidarios acerca de la obligatoriedad de las elecciones internas para elegir el candidato único del partido a la Presidencia de la República? Nadie lo sabe…
También resulta curioso que los politólogos discutan desde hace meses sobre los “riesgos electorales” que corre el Frente Amplio al no llegar a un “consenso” sobre su fórmula presidencial, cuando la Constitución y la ley exigen a los partidos justamente lo contrario: riesgo electoral y competencia. Tampoco nadie sabe porqué ocurre esto, más allá de que es bien sabido que varios de los politólogos en danza son militantes del Frente Amplio.
Desde que se establecieron las elecciones internas como método obligatorio para que los partidos elijan sus candidatos únicos a la Presidencia, el Frente Amplio ha tenido serias dificultades para cumplir con la Constitución y la ley. Solamente en 1999 el Frente Amplio organizó un remedo de internas cuando de hecho ya había elegido a su candidato. El “consenso”, o sea lo contrario a democracia y a lo que exige la Constitución, es la regla de oro del Frente Amplio.
En el verano de 2008 -porque el tema electoral siempre estuvo arriba de la mesa en el progresismo- el diario oficialista “La República” ya planteaba la falsa e inconstitucional alternativa de “consenso o competencia interna a padrón abierto“, diciendo que “el Frente Amplio (FA) intentará lograr una fórmula presidencial de consenso que cuente con el aval del presidente Tabaré Vázquez, de todos los sectores políticos de la coalición de izquierda y representantes de las bases; de lo contrario, por primera vez, participaría en elecciones internas a padrón abierto y con al menos tres precandidatos“. El artículo periodístico transmitía claramente la “estrategia” frentista para elegir su candidato: “el primer paso que dará el FA será intentar lograr una fórmula presidencial de consenso que cuente con el aval de Vázquez, de todos los sectores políticos y representantes de las bases, fórmula que luego deberá ser refrendada en un Congreso.
Vázquez, sectores, bases, congreso, en ese orden, son los encargados de encontrar el “consenso” para lograr una “fórmula presidencial”. De elecciones internas a padrón abierto, como lo manda la Constitución y la ley, ni se habla.
Para peor ahora el Frente Amplio es gobierno no solamente quieren forzar el bendito “consenso” para dirimir la lucha salvaje entre Astori y Mujica, sino que están hablando de reelección, otra inconstitucionalidad flagrante, para conformar a Tabaré Vázquez.

Socialismo en Estados Unidos

noviembre 17, 2008

“El actual caos intelectual del conservadurismo reverberó en las surrealistas advertencias de final de campaña de los candidatos republicanos sobre el advenimiento de un fuerte aumento del gobierno -realmente “socialismo”- si los demócratas eran elegidos. John McCain y Sarah Palin experimentaron esta epifanía cuando Barack Obama le dijo a un plomero que él iba a “distribuir la riqueza”.
Estados Unidos no puede tener eso, exclamaron los candidatos republicanos mientras su administración -cuyo programa de medicamentos es la mayor expansión del estado de bienestar desde que la Gran Sociedad del presidente Johnson dio a luz el Medicare en 1965; y la mayoría de sus legisladores apoyaron una lujosa ley agrícola en un momento de ganancias record para menos del 2% del pueblo americano que se dedica a la agricultura- nacionalizaba parcialmente el sistema bancario, ponía a Detroit en la nómina y vigilaba si algún resto de lo que se denomina en broma “sector privado” había quedado inadvertidamente fuera de la creciente lista de entidades elegibles para un salvataje financiado con la “distribución” de un trillón de dólares.
El avance del estado por doquier será temporario y apolítico, se nos asegura. Bueno…
Probablemente tan temporario como los controles de alquileres en la ciudad de New York que surgieron como respuestas de emergencia a la Segunda Guerra Mundial y aún siguen distorsionando el mercado inmobiliario de esa ciudad. La depresión, la cual Roosevelt no pudo eliminar y que fue terminada por el ataque japonés a Pearl Harbor, fue la excusa para los subsidios agrícolas que aún subsisten.
¿La distribución de un trillón de dólares por una institución política -el gobierno federal- será apolítica? ¿Cómo podría ser? O los mercados asignan los recursos, o el gobierno -la política- los asigna. Ahora que la desconfianza en los mercados es alta, se supone que los americanos crean que la institución en la que menos confían -el Congreso- va a dar un trillón de dólares y luego se retirará pasivamente, sin meter sus diez dedos en el pastel. Seguramente el Congreso ordenará al ejecutivo mostrar compasión con tal o cual industria, y ordenará un gasto “socialmente responsable” -con plazos infinitamente elásticos- en las empresas favorecidas.
Detroit aún no ha comenzado a gastar los U$S 25.000 millones que aprobara el Congreso pero ya está extendiendo su mano con su plato, como Oliver Twist, diciendo “por favor, señor, un poco más”.
McCain y Palin, valientes enemigos de la distribución de la riqueza, deberían haber sabido que tal gasto es lo que Washington hace. Aquí la ley suprema no es la Constitución sino el principio de beneficios concentrados y costos dispersos. Las cuotas de importación de azúcar le cuestan al pueblo americano unos U$S 2.000 millones anuales, pero esa suma es extraída a 300 millones de consumidores en pequeños y escondidos incrementos que no se notan. Los pocos miles de productores azucareros a los que se le confieren miles de millones están agradecidos al gobierno que estafa a la mayoría para el enriquecimiento de unos pocos.
Los conservadores piensan correctamente, o alguna vez lo hicieron, que la mayor parte de la distribución de riqueza que hace el gobierno es económicamente destructiva y moralmente dudosa. Es destructiva porque, al canalizar el capital a usos subóptimos enlentece la creación de riqueza; es moralmente dudosa porque la riqueza que se redistribuye pertenece a aquellos que la crearon, no al gobierno. Pero si los conservadores llaman a todo ese afán redistributivo del gobierno “socialismo”, eso se convierte en una clasificación que ya no clasifica: incluye casi todo, incluído el crédito impositivo reembolsable sobre el que dependía el plan de salud de McCain.
Gritar demagógicamente “socialismo!” en un teatro lleno como Washington causa una epidemia de bostezos. Esta es la única sociedad industrializada importante que nunca ha tenido un partido socialista influyente ideológicamente, dedicado sinceramente, comprometidamente a la redistribución de la riqueza. Esto se debe en parte a que el pueblo americano es ambicioso, no envidioso. También se debe a que el socialismo que tenemos es el socialismo subrepticio de los fuertes, como los productores azucareros representados por sus empleados de Washington.
La rehabilitación de los conservadores no puede comenzar hasta que reconozcan sinceramente su complicidad en lo que el gobierno se ha convertido.
Y con respecto al presidente electo, él ha prometido cambiar Washington. Lo cambiará, para peor. Intensificará la búsqueda de rentas mediante nuevas maneras -ésto no será fácil- de expandir aún más que la actual administración la influencia del gobierno sobre la distribución de la riqueza.”
Tomado de la columna “‘Socialism’? It’s Already Here” por George Will. “Washington Post”, 16-11-2008.

Justicia progresista

noviembre 16, 2008

“El próximo martes 18 de noviembre, Juan Carlos Blanco y María Celia Larrieux cumplirán sus bodas de oro. Con tal motivo, se solicitó al juez que lo procesó por un doble crimen en el que todos sabemos que no tuvo arte ni parte, -el de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz- su salida transitoria, por un rato apenas. Pero el juez de la causa (…) le negó su autorización. Seguramente, por la extrema peligrosidad de este “delincuente” de 75 años de edad, que, pocas semanas ha, estuvo otra vez internado en la Asociación Española, en razón de una recaída de la neumonía que lo aquejó durante el crudo invierno del 2007.
Mucho más sensata y humana, la Dra. Fanny Canessa termina de acordarle una salida transitoria, por un fin de semana, a otro procesado publicitado y de nula peligrosidad, el Cr. Bengoa. Y dícese que le concederá otra, para las fiestas navideñas.
Entre tanto, en la otra causa que se sigue al ex canciller y senador (1990 – 1995), por el homicidio de Elena Quinteros, la ex Fiscal de Corte de facto -la Dra. Guianze- pidió, en su acusación, una condena de 20 años de penitenciaría para Blanco, imputándole la autoría del nuevo delito de “Desaparición forzada de personas”, creado en el art. 21 de la Ley 18.026, de octubre de 2006.
Subrayo lo de “nuevo”, porque el delito se cometió treinta años antes, en junio de 1976. Es decir que, so pretexto del carácter permanente que le asignó el legislador, a fin de hacerlo imprescriptible y retroactivo, la fiscal acusa a Blanco por un delito que sabe que no cometió y que no existía al tiempo de su comisión. Y, de paso cañazo, dada la provecta edad del acusado, pretende, de hecho, que se le condene a prisión perpetua. Es decir, que muera en la cárcel.
La retroactividad, en materia penal, es como el veneno para la salud. Es sinónimo de barbarie jurídica. Por ello, el art. 15 del Código Penal dispone que “Cuando las leyes penales configuran nuevos delitos, o establecen una pena más severa, no se aplican a los hechos cometidos con anterioridad a su vigencia”. Si “Ningún habitante de la República será obligado a hacer lo que no manda la ley ni privado de lo que ella no prohibe” -art. 10 de la Carta-, se incurre en grosera inconstitucionalidad toda vez que una ley penal retroactiva transforma en ilícitas conductas que, al tiempo de su comisión, eran lícitas. Y, por ende, las sanciona.
El delito de desaparición forzada de personas, fue copiado del literal i) del num. 2 del art. 7 del Tratado de Roma, que creó la Corte Penal Internacional, cuyo art. 24 consagra la irretroactividad: “Nadie será penalmente responsable, de conformidad con el presente Estatuto, por una conducta anterior a su entrada en vigor”. Es decir, que se tomó del Tratado de Roma lo que servía para perseguir al Dr. Blanco -y a algún otro- y se tiró a la basura lo que impedía su incriminación: la irretroactividad. Y algo más sobre este caso que no honra a nuestra justicia y que es expresión inferior de una venganza.
Al imputársele dicho delito nuevo y retroactivo, es la segunda vez que se cambia la imputación inicial de “Privación de libertad” (art. 281 del Código), que pasó luego a ser de “Homicidio especialmente agravado” (art. 312 del C.P.) y, ahora, es la del art. 21 de la Ley 18.026. Ello, que es muy poco serio, evidencia las dudas y vaivenes de la fiscal, así como la visible dificultad que ésta ha enfrentado para adecuar lo actuado por el Dr. Blanco a algún tipo delictivo legal.
Además, la Dra. Guianze tiró a la papelera el informe de la Comisión para la Paz, aprobado por decreto de 16.04.2003, que declaró fallecida a la Sra. Quinteros. No, desaparecida. Entre tanto, Blanco soporta su calvario ante la indiferencia de la sociedad.
Es una vergüenza.”
Tomado de la nota editorial titulada “Blanco: una vergüenza”, sin firma pero probablemente escrita por el Dr. Gonzalo Aguirre. “El País”, 16-11-2008.

El Frente se desorienta en el camino democrático

noviembre 14, 2008

“¿Qué necesidad de exhibir impúdicamente tanta diferencia interna, tanta contradicción, tanta desesperación por el poder?
Si en vez de buscar consenso donde solo hay diferencias el Frente Amplio hubiera aceptado desde un comienzo que la forma más sana de dirimir esas disputas era ir a una elección interna como lo dispone la Constitución, se habría ahorrado el triste espectáculo que sus dirigentes están dando ante todo el país.
Se habría ahorrado los choques entre el presidente Tabaré Vázquez y el senador José Mujica (…) Nos habría ahorrado ver al presidente de la República descender al llano para debatir con un diputado, y nos habría ahorrado escuchar a legisladores frenteamplistas diciéndole de todo al presidente, como si fueran opositores. Nos habría ahorrado a todos el inconducente debate sobre la reelección. Le habría ahorrado a Mujica los devaneos que lo muestran como dubitativo y por momentos diletante, cuando, si va a ser candidato, la imagen que debería consolidar es otra. Le habría ahorrado a Astori entrar en la contradicción de decir primero que iría en el lugar que el Congreso lo nombrara, y luego rechazar ser el segundo de nadie.
Si el Frente Amplio –que históricamente fomentó la democracia directa en temas económicos, de reforma del Estado, de gestión pública, de derechos humanos– aceptara para sí lo que le reclama al resto y hubiese ido calladito a una elección interna, nos habría ahorrado asistir a tantos flancos débiles, tanta contradicción interna, tanta ambición por el poder, cosas que son comunes en la política, pero que más vale mantener en reserva, sobre todo en épocas de campaña electoral.”
Tomado de la columna “¿No era mejor la elección interna?” por Gabriel Pereyra. Observa Ciudadano, 12-11-2008