Campaña de insultos y amenazas

La fómula progresista desplegó este fin de semana, en toda su majestuosidad, su virulenta campaña de insultos y amenazas en busca de un vuelco milagroso en las encuestas. Los peores insultos viene de parte de Astori, quien dejó atrás los trajes Armani y su perfil ministerial, luciendo desencajado.
Debe quedar claro que Mujica y Astori no insultan a Lacalle y Larrañaga sino a sus potenciales votantes. Hacia alli van sus patéticas y deleznables presiones. Pero la patota frentista no se quedó sólo en expresiones soeces. También profirió graves amenazas contra la ciudadanía.
Mujica dijo que «sólo el Frente Amplio podría garantizar estabilidad política», y advirtió que sería «inútil querer gobernar contra el Frente Amplio» porque sólo un gobierno de izquierda «garantiza la estabilidad política».
¿Qué insinúa Mujica? ¿Que si el Frente Amplio es desplazado del gobierno buscará una desestabilización política? ¿Estamos ante una disyuntiva de reelección o caos, al estilo kirchnerista?
¿Que haría Mujica si pierde? ¿Saldrán nuevamente Mujica y su barra en un ómnibus lleno de miguelitos y cócteles molotov a luchar contra el orden republicano?
Esta amenaza también va para los ciudadanos. Es un aprete a los votantes.
Mujica dejó entrever por un instante por donde podría venir la desestabilización política si su barra es desplazada del poder. Dijo que habría que remontarse a la Presidencia de Juan José de Amézaga, entre 1943 y 1947, «para encontrar un gobierno que haya tenido tanta unidad en su bancada legislativa a lo largo de todo su período».
No hay que irse tan atrás Mujica. Durante la dictadura hubo una «bancada legislativa» muy unida que se llamaba Consejo de Estado. Eso es lo que el Frente Amplio ha reeditado en los últimos cinco años. Una mayoría autómata respondiendo a las órdenes del Poder Ejecutivo. Un sólo bloque, sin disidencias.
En la primera vuelta se terminará el Consejo de Estado frentista y en noviembre -enfrentando a las amenazas de la barra de Mujica- la ciudadanía cambiará el rumbo para volver a la ruta republicana.

Alur es un barril sin fondo

El exministro de Economía Isaac Alfie denunció atraso en la entrega de información contable de Ancap y afirmó que ese ente estatal está «dilapidando recursos» en Alur. «Alur tiene cuatro millones de dólares de valor de capital y han puesto US$ 114 millones y avalan deudas por US$ 21 millones más», informó.
La mayor parte del dinero que Ancap está invirtiendo en Alur «no tiene retorno», afirmó el economista Isaac Alfie en el programa «En Perspectiva». El exministro de Economía explicó los balances de Alur y Ancap avalan su afirmación. «El balance 2008 de Ancap recién salió publicado el lunes pasado. Una empresa que factura más de mil millones de dólares por año publica un balance ocho meses después de terminado el año. Uno ve en el mundo que las empresas publican balances trimestrales, Antel y Ute lo hacen. Ancap lo hacía pero dejó de hacerlo».
«Sin contar la inversión inicial que no está en ningún lado y que no la sabemos porque hay que arrastrar balances, Ancap entre aportes y préstamos a Alur le ha puesto 92 millones de dólares a lo largo de estos tres últimos años, entre préstamos y capitalizaciones. Además Ancap tiene avales en bancos a favor de Alur por 21 millones de dólares, es decir: Ancap avala deudas de Alur por 21 millones de dólares», dijo Alfie.
De acuerdo al economista la situación de Ancap es cada vez peor. «En el último año el incremento de préstamos más la condonación de deuda que le hizo Ancap a Alur le condonó deudas por 13 millones de dólares, le puso capital por 3,5 millones de dólares, en total 16,5 millones de dólares. Ese capital y esa condonación de deuda que puso, casualmente, era un préstamo hecho en marzo de 2007 que consolidaba dos préstamos de marzo de 2006 y de febrero de 2007 que eran 16,7 millones de dólares y los puso hasta el 31 de diciembre de 2008 como préstamo. Casualmente esa cifra es la que deciden una parte capitalizarla y otra, directamente condonar la deuda».
Alfie informó que el año pasado Ancap prestó a Alur en febrero ocho millones de dólares, en abril 27 millones de dólares, en noviembre 5,1 millones y en diciembre 8 millones de dólares. «Lo más grave es que en enero de este año Ancap le presta a Alur de 22.295.058 dólares sin intereses hasta el 31de diciembre del 2013».
Alfie fue contundente: «No hay un beneficio en lo que está desarrollando el Estado en Bella Unión, es un perjuicio. El patrimonio que Ancap dice en su balance que tiene de valor de capital Alur son cuatro millones de dólares y han puesto 114 millones de dólares y avalan deudas por 21 millones de dólares más (…) La inversión no tiene posibilidad de dar resultado de la manera que está concebida».
El senador colorado explicó que «la sociedad está transfiriendo a mil personas, que más o menos son las personas que trabajan en Bella Unión, 20 millones de dólares por año, o sea 20 mil dólares por año para cada uno o 1.500 dólares por mes a cada persona (…) Mantener Alur sale más de medio peso por litro de combustible que estamos poniendo todos los días. Es un costo país feroz».
Tomado del artículo «Alfie advierte malas políticas e irregularidades en Ancap». «El Espectador», 28-08-2009.

La universidad, otra trinchera izquierdista contra la modernidad

El sistema universitario de nuestro país es disfuncional en aspectos esenciales. Uno de esos aspectos es la cobertura: poco más del 10% de los adultos uruguayos tienen educación terciaria, menos de la mitad que en Nueva Zelanda, Corea del Sur o Finlandia. Otro aspecto es la equidad: de los fondos asignados por la sociedad uruguaya a la educación universitaria, sólo 2% beneficia a los más pobres, que son 25% de la población en edad universitaria, y casi 50% a los jóvenes más ricos. La oferta universitaria se concentra en la capital, los planes de estudios son muy largos con relación a las medias internacionales, la mayoría de los alumnos abandonan sus estudios sin graduarse y los métodos de enseñanza continúan basados en la conferencia magistral.
Mientras que en la última década numerosos países han realizado importantes esfuerzos para reformar sus sistemas universitarios, nuestro país permanece impasible. Esas reformas son diversas en función de las condiciones de cada país, pero las tendencias son sorprendentemente similares en todo el mundo. Resulta alarmante observar cuán lejos está nuestro país de este consenso internacional y peor aún, que en algunos aspectos vamos en la dirección contraria.
Uno de los cambios más extendidos internacionalmente ha sido la implantación de mecanismos nacionales de control de calidad de las universidades. Por definición, estos mecanismos abarcan a todas las universidades que funcionan en el país. La recomendación de la Unesco es inequívoca al respecto: «(en cada país) deberían instrumentarse mecanismos de … control de calidad …para la totalidad del sistema de educación superior». Sin embargo, en nuestro país, de las cinco universidades el Estado sólo evalúa a las cuatro privadas. Esto despoja al 80% de los alumnos uruguayos, que son los que estudian en la universidad pública, de su derecho al aseguramiento externo de la calidad de su educación y dificulta la mejora de calidad del sistema universitario en su conjunto.
Otra tendencia casi universal es a diferenciar la «gratuidad» de la «equidad». En palabras del mencionado comunicado de la Unesco: «La equidad no es sólo una cuestión de acceso, el objetivo debe ser … la participación exitosa en los estudios y la graduación». El acceso a la universidad por sí solo, sin expectativas realistas de completar la carrera en tiempo razonable es, en el fondo, una promesa vacía. La alta deserción y los largos tiempos medios de graduación que caracterizan al sistema universitario uruguayo ilustran la diferencia entre «brindar acceso a la universidad» y ofrecer oportunidades reales de obtener una educación universitaria.
Es interesante conocer en sus propias palabras lo que dijo el Sr. Zhou Ji, Ministro de Educación de China al plenario de la Conferencia Mundial de Educación Superior de la Unesco en París ante 60 ministros de educación el 8 de julio de 2009:
«… la equidad es para nosotros una política de Estado en la educación superior. Para lograrla lo primero que hicimos fue establecer un examen de ingreso a las universidades… (y) requerir a los estudiantes que paguen sus estudios universitarios (aunque) establecimos un sistema de becas estatales… Segundo, impulsamos la educación privada, terminamos con el monopolio del estado en la educación… En 2008 funcionaron (en China) 640 universidades privadas».
Si Unesco, China, Brasil e India, por no mencionar informes concurrentes del Banco Mundial y el BID, convergen en estas convicciones, es tiempo de evaluar nuestro «statu quo» y cambiar.
Tomado del artículo titulado «El Uruguay impasible» por Jorge Grunberg. «El País», 22-08-2009.

La valija se quedó en Bariloche

El presidente venezolano, Hugo Chávez, suspendió por segunda y definitiva vez su visita a Uruguay que tenía prevista para este viernes. La resolución se tomó esta mañana, confirmaron fuentes a «El Espectador».
Según afirmaron las fuentes venezolanas y uruguayas consultadas por «El Espectador», se decidió cancelar la visita de Chávez a Uruguay por entender que no es un buen momento para realizarla.
Ayer se conoció, a través de «Búsqueda» que el Partido Nacional abrió una investigación por presunto dinero proveniente del gobierno venezolano para la campaña electoral del Frente Amplio mediante una misteriosa exportación de material bibliográfico elaborado por la empresa Apliser S.A por menos de medio millón de dólares, y que fuera exportado al país de Chávez por 32 millones de dólares.
Esta información llegó al mandamás caribeño, quien decidió dejar su visita a Uruguay para otro momento. La presidencia de Uruguay confirmó la cancelación del viaje, aunque atribuyó la misma a temas de agenda.
Por otra parte, en Uruguay hay tres causas abiertas por el caso del empresario venezolano Guido Antonini Wilson, quien ingresó 800.000 dólares a Argentina sin declarar en agosto de 2007, y cuyo destino final sería para la campaña presidencial de la actual presidenta argentina, Cristina Fernández.
A todo esto, el candidato presidencial oficialista y gran amigo de Chávez esta cerca de la frontera con Brasil dedicado a temas electorales, y lo más lejos posible de Chávez, Apliser S.A. o equipajes de mano que puedan andar en la vuelta.

Justicia politizada

El catedrático en derecho penal y abogado Miguel Langón presentó recientemente su libro «Defensas penales: el caso del Escuadrón de la Muerte», en el cual criticó que el fiscal del caso «desconoce los hechos» y que hay una «excesiva politización de la Justicia, según informó «Últimas Noticias» el 18-08-2009.
Al presentar el libro de su colega, el penalista Pedro Montano señaló que «se ha pretendido contar el plazo de prescripción desde que cambiaron las circunstancias políticas, incluso en algunos casos pretendiendo que sólo debería contarse desde la asunción de este gobierno».
Montano también subrayó que «ninguna mayoría puede hacer verdadero lo que es falso», en relación a la denunciada presunta existencia del Escuadrón de la muerte. En igual sentido, Langón apunta en su obra que «una arrolladora y prepotente propaganda se ha vertido sobre estos hechos (el Escuadrón de la Muerte) hasta hacerlos considerar una verdad».
En relación a la causa contra el empresario Miguel Sofía y los ex agentes de la DNII, Washington Grignoles, Pedro Freitas y Jorge Grau, Langón remarcó que el caso «se está estudiando por tercera vez» y que esto implica una «flagrante violación» del principio de no juzgar dos veces por el mismo delito.
El ex fiscal destacó que en su momento la Justicia militar no encontró culpable a Bardesio y criticó al ex fiscal del caso, Ricardo Perciballe, porque imputó a uno de los detenidos un homicidio (de Ramos Fillipini) que «ni siquiera Bardesio» señaló. «Un fiscal debe descubrir los hechos y nos los descubre porque los desconoce».
Langón denuncia asimismo que la retención del ex fotógrafo policial Nelson Bardesio, a la espera de su extradición desde Argentina, es errónea, como basarse en su testimonio durante su secuestro a manos del MLN para encarar el expediente por el Escuadrón. «Se mandó detener internacionalmente a la víctima de un acto criminal», subraya.
El jurista apunta que «aún admitiendo que dicho plazo empezó a correr desde el 1° de marzo de 1985, todos los delitos cometidos durante el período de facto estarían prescriptos a partir del 1° de marzo de 2005».
El ex fiscal penal cita incluso al canciller Gonzalo Fernández, quien sostuvo que «se ha producido la lamentable consolidación de la impunidad de los distintos públicos que incurrieron en violaciones de derechos humanos durante la pasada dictadura militar uruguaya».
Por su parte, el abogado Gastón Chávez expresó que la extensión de los plazos de prescripción en 1/3, como habilita el Código Penal, sólo se aplica si el juez considera al indagado como peligroso y que la peligrosidad debe medirse actualmente y no porque el indagado haya sido peligroso en el pasado.
«Los jueces han reinterpretado el Código en clave de culpabilidad», criticó Chávez y acotó que «se confunde la peligrosidad con la culpabilidad», que castiga a «un delincuente histórico». En tanto, Montano dijo que se está ante «un derecho penal de autor, del enemigo». Langón, en igual sentido, dijo que en Uruguay existe «un elevado grado de politización de la Justicia».
Comentario relacionado: «Derecho penal para enemigos», 20-05-2009.

El gobierno se lanza a la campaña electoral

El gobierno vuelca su peso en la campaña electoral, empezando por la gira del presidente de la República para «defender» su gestión, y siguiendo por la impactante escalada de gastos oficiales en propaganda para informar a la población sobre aciertos y exitosas acciones del gobierno. Justamente sucede en la recta final de las campañas proselitistas, de cara a las elecciones nacionales de octubre.
Desde luego se utilizan cuantiosas sumas de dinero obtenidas de los bolsillos de los contribuyentes, debidamente reservadas aprovechando la fortuita bonanza económica vivida por esta administración por las coyunturas internacionales que se dieron.
La publicidad oficial en televisión abierta (Estado, empresas públicas e Intendencia de Montevideo) aumentó 21% en enero-julio de este año frente a igual período del año pasado, según mediciones de IBOPE. Según mediciones de segundos televisivos en los canales abiertos, en el período enero-julio del año pasado, las distintas reparticiones públicas pautaron 332.206 segundos, lo que se incrementó 21% a 419.822 segundos en igual período de este año. Estas mediciones no incluyen campañas iniciadas en agosto como la del Plan Ceibal y el Codicen sobre la enseñanza pública.
En el actual ejercicio ingresaron al mercado publicitario actores que no estuvieron el año pasado. Es el caso del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma), que pautó 21.029 segundos de publicidad televisiva. Por su parte, el Banco Hipotecario multiplicó por cuatro su presencia publicitaria: de 1.367 segundos en enero-julio del año pasado a 5.462 segundos en igual período de este año.
Otro avisador que creció considerablemente fue Presidencia de la República. Su publicidad aumento 7,5 veces este año, de 656 segundos en 2008 a 4.918 segundos en enero-julio de este año.
Por su parte, el Ministerio de Industria y Energía, ausente de las pantallas en 2008, compró este año 1.566 segundos. Concomitantemente, redujeron su presencia publicitaria carteras como Salud Pública (de 9.373 segundos el año pasado a 6.026 este año) y Educación y Cultura (de 21.015 segundos a 14.693. Por su parte, el Sodre no hizo publicidad el año pasado y este aparece con 1.859 segundos.
En tanto, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca solo subió 6% su presencia publicitaria este año.
Otro anunciante público que incrementó fuertemente su presencia en la televisión fue la Intendencia de Montevideo, que realizó 43% más publicidad: de 63.405 segundos en 2008 a 91.143 segundos en el período enero-julio 2009.
El Codicen busca «prestigiar» la educación estatal
Con el objetivo de «prestigiar al sistema educativo público», según explicó el Codicen, el jueves pasado se comenzó a emitir por los canales privados de Montevideo, por la Red Uruguaya de Televisión y por VTV, el spot institucional de la Administración Nacional de Educación Pública (Anep). La campaña le costará un total de US$ 427.000 a la Anep.
A la campaña pública que realiza Anep por U$S 427.000, se suma la gira por el interior del presidente del Consejo Directivo Central de la Anep, Luis Yarzábal. La gira abarcará todo el país, y se extenderá hasta el 11 de setiembre. Yarzábal pretende realizar «un minucioso balance de la gestión quinquenal y compartirá diversas reflexiones con los actores educativos locales».
El diputado herrerista José Carlos Cardoso manifestó que «es muy raro que justo cuando el presidente (Tabaré) Vázquez pide que salgan a defender el gobierno, el Codicen decida por primera vez en la historia realizar una campaña de publicidad». Además, el legislador herrerista consideró que la institución no tiene competencias legales para hacer este gasto.

Manual para indecisos

Adolfo Castells presentó recientemente su último libro sobre el progresismo que nos aqueja. Se trata de «Manual para Indecisos. Elecciones Uruguayas 2009″*, donde Castells repasa lo actuado por el gobierno de Tabaré Vázquez en materia de relaciones internacionales, sindicalismo, negocios presuntamente espurios y las reformas de la salud y de la educación.
Se trata del tercer libro de Castells sobre el gobierno del Frente Amplio. El primero, La gran ilusión, el progresismo uruguayo, surgió en el comienzo de la administración que fue sucedido por Carnaval y populismo autoritario, la realidad del progresismo uruguayo, que agotaron dos ediciones.
En esta nueva obra, Castells prosigue denunciando la falta de respuesta a los grandes temas, las incompetencias, las improvisaciones, el doble discurso, del gobierno frentista, así como desarrolla las razones para no votar al Frente Amplio y previene de los peligros que aparejaria un segundo período en el poder de este populismo autoritario uruguayo, encaminando al país a adoptar el tipo sociedad que en otras latitudes representan los Chávez, los Evo Morales, los Correa y los Ortega.
(*) «Manual para Indecisos. Elecciones Uruguayas 2009». Artemisa Editores, Montevideo, 2009.

Anular la Caducidad es igual a violar la Constitución

Poca gente, incluyendo a sus partidarios, es consciente de las implicaciones de la parcial anulación de la ley de Caducidad. Menos saben que para ello se apela a un mecanismo tan excepcional como la reforma de la Constitución. Un procedimiento que de tener éxito supondrá que por primera vez en la historia del Uruguay se derogará con efecto retroactivo una norma penal -tales son los efectos de la cacareada anulación-, para someter a juicio a gente que, en la mayoría de los casos, puede ser juzgada, y lo está siendo, por el simple procedimiento de cumplir la ley vigente tal como la interpreta hoy el Poder Ejecutivo.
Pero el problema no se agota en eso. En nuestro derecho la anulación de un acto jurídico supone que el mismo presenta algún vicio de forma o fondo que ataca su validez obstando a su vigencia. La ley, puede ser nula, pero, para así verificarlo, no existe ningún otro procedimiento que la inconstitucionalidad, declarada por la Suprema Corte con efectos limitados al caso concreto. Lo que significa que la anulación, en tanto, como dice Ferrajoli, implica un «juicio de verdad», es un instituto que en lo que refiere a las leyes, sólo compete a los jueces. Razón por la que unánimemente se lo reputa de naturaleza jurisdiccional.
Puesto que aquí se procura algo no previsto en nuestro derecho, como es la inconstitucionalidad de la ley de Caducidad con efectos generales y sin intervención de la Corte, se recurre para conseguirlo a un procedimiento inédito: reformar la Constitución. O, lo que es lo mismo, se propone derogar retroactivamente una norma de naturaleza penal pretendidamente ilegítima -la ley de amnistía-, convocando a tal fin al cuerpo electoral en función constituyente. En lo que equivale a juzgar a una persona mediante el voto de la multitud, con la diferencia que en lugar de personas la sometida a juicio será la validez de la ley 15.848.
Si esta reforma resultara aprobada, nuestra Carta fundamental tendría como todas, naturaleza propositiva, crearía órganos, asignaría derechos, establecería, en síntesis, la estructura institucional del país pero, curiosa singularidad, contendría una aislada disposición con un significado ya cumplido desde su inclusión: derogar con efecto retroactivo una amnistía penal sancionada veintitrés años antes.
Con la muy probable consecuencia, visto el antecedente, de alentar una cascada de reformas constitucionales, cada vez que la Suprema Corte rechace la inconstitucionalidad de una ley. Lo que a su vez supondrá que en muchos casos la Constitución será interpretada y aplicada mediante el pronunciamiento popular, al tiempo que surgirá una forma eventual de sortear la cosa juzgada a través de la anulación de las leyes que la sustenten.
Nada de esto condice con la separación de poderes que otorga a los magistrados el control constitucional de las leyes a través del ejercicio monopólico de la función jurisdiccional. Como tampoco sirve apelar, para fundamentar esta reforma, a una pretendida y difusa normativa internacional emanada de la costumbre, que tendría el mágico poder de derogar varios artículos de la Constitución eliminando principios como la irretroactividad de la ley penal, la prescripción o la inexistencia de delito sin ley previa. Todo por no aceptar que derecho y justicia, dos caras de una misma moneda, no son separables.
Artículo titulado «Populismo y Constitución» por Hebert Gatto. «El País», 01-04-2009

Hospital Filtro: operación tupamara

El MLN que surgió de las mazmorras dictatoriales no estuvo dispuesto a integrarse al juego democrático «sin cartas en la manga», como señalara Raúl Sendic en conferencia de prensa, sino un movimiento que decidió apostar al doble juego: un accionar público, legal, y otro clandestino, dirigido a volver a montar un aparato armado y desarrollar una estrategia «revolucionaria».
En ese sentido, fueron notorios los contactos de los tupamaros, luego de 1985, con movimientos clandestinos armados como el argentino Movimiento Todos Por la Patria (MTP), liderado por el ex ERP Enrique Gorriarán Merlo, el peruano Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA), y con la banda terrorista vasca ETA. También tuvieron relaciones con el régimen libio de Gadafi.
Fue el 24 de agosto de 1994, en ocasión de la extradición, dispuesta por un juez, de un grupo de etarras hacia España, que los tupamaros decidieron relanzar la lucha armada en Uruguay con resultados conocidos y trágicos.
Lo que debiera haber sido otro día de preparativos para disfrutar la «noche de la nostalgia», se tornó en una jornada de violencia y muerte, organizada por el MLN, que tomó la decisión de operar como brazo armado de la ETA. Ese día, por disposición soberana del Poder Judicial, debía procederse a extraditar a tres ciudadanos españoles residentes en Uruguay, acusados de pertenecer a la banda terrorista ETA e imputados de graves crímenes por la Justicia española. Todo el proceso, naturalmente, se había ajustado a Derecho.
Tontos útiles
Pero el MLN decidió montar un operativo de resistencia a la actuación del Poder Judicial, llamando a «impedir» la extradición de los presuntos etarras (luego se probaría la vinculación clara de dos de los tres a diversos asesinatos y otros actos violentos) que se encontraban internados en el Hospital Filtro, fruto de una presunta huelga de hambre (sorprendentemente, subieron al avión por sus propios medios).
A la convocatoria violenta del MLN –que llamaba a la resistencia activa desde los micrófonos de la entonces Radio Panamericana– se sumaron como incautos políticamente correctos varios dirigentes del Frente Amplio, entre los cuales cabe destacar al actual Ministro Astori, al extinto general Seregni y, nada menos, el actual Presidente de la República, Tabaré Vázquez. Ciertamente, haciendo el lamentable papel de tontos útiles, no tenían la menor idea de que eran meros peones de un ajedrez jugado por otros: el MLN y la ETA.
La resistencia devino –como lo reclamaba el MLN– activamente violenta, el Ministro del Interior de la época, Angel María Gianola, ordenó reprimir a efectos de garantizar el procedimiento judicial y todo terminó con un muerto, 35 civiles y 44 policías heridos, y 19 vehículos policiales destrozados.
Operación tupamara
Confiesa Zabalza al periodista Leicht, que ese operativo de resistencia era una «devolución de favores» que el MLN le hacía a la ETA por el apoyo financiero que la banda terrorista le había brindado. Tanto es así que, durante esa luctuosa tarde, la dirección en pleno del MLN (Mujica, Zabalza, Fernández Huidobro, Marenales, etc.) se encontraba en el interior de una camioneta «Combi» junto a un ómnibus «repleto de cócteles molotov y 5 mil miguelitos, además de una banda de jóvenes radicales deseosos de entrar en acción» (Leicht sic).
Pero no se trataba, solamente, de devolverle favores económicos a la ETA. Como se indica en el libro, «era la oportunidad de poner a prueba la fuerza militante que desde años atrás venían acumulando, de bautizarla con fuego en una instancia confrontativa».
¿Cómo se sentirán hoy, a la distancia, el Presidente Vázquez, y el candidato a la vicepresidencia, Danilo Astori, al recordar el triste papel que jugaron en aquella tarde luctuosa, decorando un escenario montado por la ETA para impedir el funcionamiento de las instituciones democráticas uruguayas, y por el MLN, con el actual candidato a la presidencia del Frente Amplio José Mujica, para darle su «bautismo de fuego» (y de muerte) a unos muchachos radicalizados?
Tomado de los artículos titulados «Asonada, miguelitos, bombas molotov y tontos útiles» y «El MLN post-dictadura». Sitio web del Foro Batllista.

Dia de la nostalgia tupamara y etarra

Es probable que hoy, 24 de agosto, Montevideo soporte otra marcha hacia el hospital Filtro en recuerdo de la trágica algarada ocurrida hace 15 años cuando tres etarras fueron extraditados a España. Invocando la memoria del manifestante muerto en aquella ocasión, desde 1994 se organiza esa demostración en donde suelen asomar expresiones de apoyo a la banda terrorista ETA.
Esta vez la evocación de aquel episodio no puede ser más ingrata. Por un lado, la ETA viene de celebrar su 50º aniversario con un atentado en Burgos que dejó más de sesenta heridos, entre ellos varios niños, y otros en Mallorca en donde detonaron varias bombas y asesinaron a dos guardias civiles, lo que extendió su rastro de sangre a más de 800 cadáveres acumulados desde su fundación hasta la fecha.
Por otro lado, hace poco se supo de la condena por asesinato de uno de aquellos tres etarras, el único que la justicia española dejó en libertad después que fuera extraditado de Uruguay. En efecto, a diferencia de sus dos compañeros que en 1994 fueron a prisión por delitos de sangre, Miguel Ibáñez Oteiza había pasado a ser el único «inocente» de aquel trío que tanta solidaridad obtuvo de parte de la izquierda uruguaya. En mayo de este año, finalmente, Ibáñez recibió una condena de más de veinte años de cárcel en España por «homicidio alevoso» cometido en 1988 «con frialdad y total desprecio por la vida humana».
Desde hace 15 años, la imagen de aquellos sucesos fue reelaborada por la izquierda de un modo tal que al gobierno de la época -encabezado por Luis Alberto Lacalle- se lo presentó como el responsable de todo lo ocurrido. Empero, con el tiempo la verdad se abrió paso. Testimonios recogidos por Adolfo Garcé en su libro «Donde hubo fuego» confirmaron que los tupamaros recibieron apoyo directo de la ETA -un ómnibus cargado de cócteles molotov y grampas miguelito- para organizar la resistencia armada a la extradición en la zona del hospital Filtro. Después, en otro libro, el tupamaro Jorge Zabalza explicó que en aquella jornada del 24 de agosto el movimiento guerrillero hizo su último intento por retornar a la lucha armada, una maniobra que fracasó debido a la acción policial.
Lo llamativo fue la capacidad de convocatoria de los tupamaros entonces dirigidos por José Mujica, entre otros, puesto que lograron arrimar a la puerta del Filtro a la plana mayor del Frente Amplio a la que hicieron marcar su adhesión a los etarras. Hay que suponer que ni Tabaré Vázquez ni Astori ni otros capitostes de la coalición allí presentes tenían una cabal noción de la peligrosidad del trío de terroristas, pero sí sabían que su extradición debía ejecutarse para cumplir una sentencia de la justicia uruguaya. Con su presencia no hicieron sino obstaculizar la acción judicial y caldear el ambiente con tristes consecuencias.
Pese al tiempo transcurrido no se oyen voces de arrepentimiento por aquella solidaridad con la ETA. Al contrario, se sigue intentando pasarle la cuenta a las autoridades de la época que, tratando de cumplir un fallo judicial, fueron sorprendidas por un malón muy bien organizado. Hoy, desde el gobierno, quienes entonces respaldaron a los etarras lo menos que podrían hacer es ponerle coto a la marcha del lunes que, como suele ocurrir, terminará siendo un aberrante acto de apoyo a la ETA.
Tomado del artículo titulado «La ETA entre nosotros» por Antonio Mercader. «El País», 19-08-2009.