Archive for the ‘Justicia’ Category

Kaos: el presidente se declaró subalterno del Frente Amplio

noviembre 18, 2010

En la vieja comedia televisiva Agente F86  se desarrollaba una lucha sin cuartel entre Control  y  Kaos. En Uruguay también hubo una lucha entre Control y Kaos, que ganó Kaos. Y en el Kaos estamos.

“Frente a la manifiesta y pública intención de anular la Ley de Caducidad difundida por varias fuerzas que integran el Frente Amplio”, el presidente de la República se acaba de declarar subalterno del Frente Amplio y ha decidido “obedecer y acompañar las decisiones” de esa fuerza política para “preservar la unidad y el apoyo al Gobierno”.

A párrafo seguido, el presidente “reafirma enfáticamente su apoyo y acatamiento a las decisiones que tome” el Frente Amplio “que, por la vía procesos electorales inobjetables, lo responsabilizaron de la conducción del Gobierno”.

El presidente Mujica acaba de confesar que el titular del Poder Ejecutivo no es él, sino que es el Frente Amplio. Y que los “procesos electorales inobjetables” así lo confirman. Tal afirmación es totalmente ajena al Artículo 151 de la Constitución que indica que “el Presidente (…) será elegido directamente por el Cuerpo Electoral por mayoría absoluta de votantes”.

Evidentemente, el presidente desconoce el alcance del Artículo 151 de la Constitución y, por efecto dominó, también falle en reconocer y hacer respetar otras órdenes constitucionales ingualmente cruciales:

Artículo 4º.- La soberanía en toda su plenitud existe radicalmente en la Nación, a la que compete el derecho exclusivo de establecer sus leyes, del modo que más adelante se expresará.
Artículo 7º.- Los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad.
Artículo 8º.- Todas las personas son iguales ante la ley, no reconociéndose otra distinción entre ellas sino la de los talentos o las virtudes.
Artículo 148.- El Presidente de la República podrá observar el voto de desaprobación cuando sea pronunciado por menos de dos tercios del total de componentes del Cuerpo.
Artículo 149.- El Poder Ejecutivo será ejercido por el Presidente de la República actuando con el Ministro o Ministros respectivos, o con el Consejo de Ministros
Artículo 168.-  Al Presidente de la República, actuando con el Ministro o Ministros respectivos, o con el Consejo de Ministros, corresponde: 17) Tomar medidas prontas de seguridad en los casos graves e imprevistos…

Gracias a dios el país está protegido por una contínua bonanza internacional como nunca se registró en la historia. Eso hace que prácticamente el país se gobierne solo. ¿Se imaginan ustedes a Mujica gobernando el Uruguay de 2002?

Anuncios

La venganza y el odio no caducan

octubre 1, 2010

Otra vez la Ley de Caducidad. ¡Qué aburrimiento! Alguna vez dije que esto es como una noria. Le siguen dando vuelas hasta dejarla como quieren: inexistente. La maniobra contra la Ley de Caducidad sigue… y sigue. A pesar del reiterado triunfo de la ciudadanía en las urnas contra el intento antidemocrático.

Mañana querrán anular la Constitución misma, porque este reiterado intento contra una ley dos veces ratificada por el electorado es ya una violación de la norma máxima, que dejará al Uruguay sin certeza ni garantías jurídicas. Es un ataque al sistema jurídico y a la división de poderes, para que la venganza pueda perpetrarse sin impedimento alguno.

Los promotores del atropello hablan de derechos humanos, cuando en realidad llevan adelante ratreras maniobras políticas para acumular poder.

Es que para las mentiras no hay caducidad.

Como es imposible anular la Ley de Caducidad, porque hay unanimidad sobre tal imposibilidad, el Frente Amplio presentó al Parlamento un proyecto de ley por el cual se interpreta de manera “obligatoria” la Ley de Caducidad, en el sentido de que sus disposiciones principales son inconstitucionales y por ende inaplicables.

Como consecuencia de lo anterior, se dispone que “toda intervención judicial que haya sido interrumpida, suspendida y/o archivada por aplicación de la Ley 15.848, continuará de oficio, por la mera solicitud del interesado o del Ministerio Público y no se podrá invocar la validez de dicha ley ni de actos administrativos que se hubieran dictado en su aplicación, con el fin de obstaculizar, impedir o archivar, o mantener suspendidas o archivadas, indagatorias o acciones penales”.

Una ley que no se pueda invocar ante los tribunales como ley válida, es una ley nula. Lo que el Frente Amplio está haciendo, por lo tanto, es anular la Ley de Caducidad.  En sustancia, estamos ante una declaración de nulidad que no osa decir su nombre (quizás por aquello de que “la hipocresía es el homenaje que el vicio rinde a la virtud”).

La Ley de Caducidad fue ratificada dos veces por la ciudadanía; la primera, en el referéndum de 1989; la segunda, en el plebiscito del pasado año 2009. Veinte años después, el PIT-CNT primero y el Frente Amplio después decidieron desconocer la misma voluntad popular que habían dicho que respetarían, y promovieron una enmienda constitucional para anular la Ley de Caducidad. Volvieron a perder; la ciudadanía no aprobó la enmienda que ellos propusieron y la ley mantuvo su vigencia.

Lo que el Frente Amplio quiere hacer ahora, pues, es ganar en la liga lo que perdió dos veces en la cancha. Los “representantes del pueblo” van a contrariar la voluntad del pueblo. Lo que está por pasar es gravísimo.

Está a punto de producirse el quiebre de  una hermosa tradición, iniciada en esta tierra precisamente el 5 de abril del año 1813. Ese día Artigas dijo: “Mi autoridad emana de vosotros y ella cesa por vuestra presencia soberana”.

Ni siquiera la dictadura osó quebrar este principio básico de la democracia; en 1980 los militares perdieron el plebiscito con el que quisieron legitimarse y perpetuarse en el poder, y acataron el resultado del pronunciamiento popular.

El Frente Amplio, en cambio, no acatará ni el referéndum de 1989, ni el plebiscito del 2009. Su autoridad no cesa ante la presencia soberana del pueblo.

Basado en parte en el artículo titulado “Contra la voluntad popular” por Ope Pasquet.

Video recomendado: Instrumentación partidaria de la memoria

septiembre 24, 2010

En la cima del poder

agosto 27, 2010

Es mano derecha de Tabaré Vázquez.

Jugó en puestos claves del primer gobierno del Frente Amplio: operador político de Vázquez en las sombras, zar jurídico del gobierno como Prosecretario de la Presidencia, y Ministro de Relaciones Exteriores.

Mientras tanto, siguió al frente de su estudio jurídico, el cual creció en paralelo y al influjo de su ascendente poder político.

Fue el artífice de la planadora legislativa del período 2005-2010, aquella marea de proyectos de ley votados con manos de yeso por un “Consejo de Estado” autómata, cuyas consecuencias comienzan a verse ahora.

El artículo 76 de una ley del siglo XIX chocaba con disposiciones de otra ley votada en una tarde, y pergeñada por el conductor de la planadora, para salvar al CASMU de la bancarrota. Entonces el zar jurídico, el catedrático grado 5 del Frente Amplio, mandó derogarlo.

Mandó a un senador de la oposición a presentar un proyecto de ley para derogar ese artículo 76. Y el artículo 76 fue derogado. Por unanimidad.

Es que este zar progresista no sólo maneja los hilos de la mayoría automática frentista, sino que también controla a la oposición que aparentemente se quedó sin grados 5.

La derogación del bendito artículo 76 benefició a los Peirano. Que, ahora sabemos, son clientes del estudio jurídico del zar progresista.

Como iban a hablar del tema en el Senado, el zar fue investido senador por dos horas para que se pudiera defender con propiedad. Salvo su ayudante, el que redactó la derogación del artículo 76, casi nadie más habló en la sesión. En los pasillos, Lacalle lo abrazó y le dijo “aca no pasa nada”.

El Frente Amplio está haciendo un simulacro de investigación, pero se vio a sus senadores hacer fila en el hemiciclo para besar el anillo del zar, y ya determinó que no apoyará una investigación legislativa.

Hasta el presidente Mujica se apuró a decir que “nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario” y fue a la casa del zar a solidarizarse con él, declarando que “es un amigo y un compañero. Los amigos se ven cuando las papas queman”

En fin. Cada vez nos parecemos más a la estancia K, y cada vez menos a una república occidental.

Caducidad: la venganza por encima de la república

agosto 17, 2010

La tan discutida ley de Caducidad fue aprobada por una amplia mayoría parlamentaria en diciembre de 1986 y, sometida a un referéndum, la ciudadanía la ratificó el 16 de abril de 1989. Veinte años más tarde, en ocasión de la elección de noviembre de 2009, se volvió a proponer su nulidad y el cuerpo electoral ratificó nuevamente la ley. O sea que no existe norma con mayor legitimidad, formal y sustancial, en la historia de nuestro derecho.

O sea que, jurídicamente, el tema ya no tiene retorno. ¿Con qué autoridad política y moral un grupo de legisladores considera que puede estar por encima de la ciudadanía?

Estamos ante un caso notorio de mesianismo político. De gente que cree que puede pasar por encima de nuestro sistema de instituciones. Y no hay modo de detenerlos en una acción que posee un preocupante furor vengativo.

Como escribió Carlos Maggi hace un tiempo: “Declarar inexistente una ley que se aplicó durante 23 años, anuncia un alto grado de desprecio por las garantías establecidas. Estamos viendo las dictaduras legales que afligen el continente”.

Es que la seguridad jurídica es uno de los derechos humanos fundamentales: no es posible reírse de la cosa juzgada, revivir delitos que ya fueron anulados, desaplicar una ley que ya se aplicó, imponer retroactivamente una ley penal y despreciar los pronunciamientos del Cuerpo Electoral. Es demasiado.

La nueva ley, presuntamente interpretativa, por vía oblicua vuelve a desconocer una decisión del cuerpo electoral al revivir un recurso de nulidad que fue expresamente desechado.

¿Cuál es la diferencia moral entre matar a un guerrillero o asesinar a un civil como el Prof. Acosta Lara? ¿Cuál es la pretendida superioridad ética de secuestrar y torturar a un empresario, juzgado por un tribunal revolucionario sin garantía alguna, sobre la aprehensión y maltrato de un presunto miembro de una organización delictiva?

Todas esas acciones fueron abominables y son parte de un tiempo que el país quiso dejar en el pasado.

Se optó por el perdón y la paz. Para todos y sin distingos. Y así lo sigue diciendo el pueblo.

Tomado del artículo titulado “Mesianismo Revanchista” por Julio María Sanguinetti. “El País”, 15-08-2010

Van a entregar a Botnia

julio 22, 2010

El gobierno de Mujica va a dejar que extranjeros entren al territorio nacional a controlar nuestra actividad económica. Todo se está haciendo en secreto, pero ya se ven las patas de la sota. “El Espectador” dice que el gobierno “sondea” a la oposición para ver como le “cae” que funcionarios kirchneristas entren a Botnia.  Mientras tanto, “Observa” dice que el diario argentino “Ámbito Financiero” asegura que Mujica aceptó el monitoreo interno de Botnia por parte de extranjeros.

Kirchner y Mujica trabajan a destajo para no defraudar a los piqueteros incumpliendo con el plazo que ellos pusieron para que se acuerde el control de Botnia por parte de los argentinos.

Mientras tanto, en este lado del charco la calma es chicha. ¿Dónde está la marea de pabellones nacionales, las manifestaciones patrióticas, para defender nuestra soberanía de la injerencia extranjera? ¿Por qué no salen los uruguayos a las calles envueltos en la bandera nacional, como lo hicieron para festejar la actuación celeste en el mundial, para exijirle al gobierno de Mujica que se suba los pantalones?

Lamentablemente, en estas horas vemos que el Tribunal de la Haya, que diera la razón a Uruguay en el conflicto por Botnia, es un madero del que sólo se agarran los chiquitos y desamparados. En efecto, mientras el tribunal internacional acaba de fallar a favor de Kosovo diciendo que su declaratoria de independencia “no violó el derecho internacional”, Serbia ya declaró que nunca reconocerá a Kosovo ni cambiará su postura.

Con el conflicto alrededor de Botnia pasa lo mismo. Uruguay se aferra al  fallo de la Haya, pero Argentina no lo va a respetar. En nuestro caso, con el agravante de que Uruguay parece entregado a su destino y permitiría la intervención extranjera en territorio nacional.

La porteñada avanza

julio 1, 2010
En la mañana del lunes 11 de enero, los trabajadores de la bebida cortaron la rambla a la altura de la calle Martí.

El 2 de marzo, un día después de jurar como nuevo presidente José Mujica y en la misma jornada en que asumía el ministro de Trabajo Eduardo Brenta hubo un piquete en la puerta de la planta de celulosa de Montes del Plata en Conchillas (Colonia).
Para hoy a las 8.30 horas está previsto un piquete en Avenida Italia y Propios en protesta por la instalación de la senda única para ómnibus en la primera de esas calles.

El viernes 25 de junio pasado por la noche un grupo de vecinos quemó cubiertas y cortó el tránsito en la esquina de Domingo Aramururú y Ramón del Valle Inclán en reclamo de seguridad.
Cualquiera de los casos mencionados constituye una ilegalidad flagrante pero ni las autoridades nacionales ni las municipales parecen haberse percatado de ello. Aceptar la violación de las reglas como algo normal puede ser la peligrosa antesala del desgobierno y una pésima señal para la gente que aún gusta de convivir bajo normas mínimas de buenas costumbres.
Tomado del artículo titulado “Yo piqueteo, tu piqueteas, ¿todos piqueteamos?” por Denis Dutra. Observa.com.uy

Seguirá la maniobra contra la Ley de Caducidad

noviembre 2, 2009

Después que la ciudadanía reafirmara por segunda vez en veinte años la Ley de Caducidad, el programa del Frente Amplio aprobado en el último Congreso quedó al margen de la Constitución ya que habla de “adecuar la legislación interna a los tratados internacionales ratificados por el país incluyendo la anulación de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, principal estamento de impunidad”.
Sin embargo, parece improbable que el Frente Amplio modifique su programa de gobierno. Es más, hay indicios de que varios dirigentes progresistas prentenderían hacer caso omiso al nuevo pronuciamiento electoral a favor de la Ley de Caducidad, y durante el próximo período de gobierno insistirían en tomar medidas para erradicar la norma del sistema jurídico uruguayo.
Mostrando su falta de respeto total a los pronunciamientos electorales que no les vienen bien, dirigentes progresistas ya estan pensando en cómo reinstalar el tema en la agenda pública. Concretamente, Carlos Coitiño, dirigente del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) e integrante de la coordinadora por la nulidad de la ley de Caducidad, dijo a “Ultimas Noticias” que ese sector tiene la voluntad política de dar la batalla por la anulación de la ley a través de las mayorías parlamentarias. Coitiño recordó que el programa del Frente Amplio incluye dentro de sus lineamientos hacia el próximo período de gobierno la anulación de esta ley y adelantó que el PVP “peleará” para que eso se cumpla.
O sea, esperarán a tener presidente y mayoría absoluta para desconocer el veredicto electoral y anular la Ley de Caducidad con sus mayorías regimentadas. Como en Venezuela.

Triunfo contra intento antidemocrático

noviembre 2, 2009

Anular la anulación de la ley de Caducidad, fue un triunfo contra el primer intento de erosión antidemocrática. Un zarpazo de prueba. Un resto cultural insobornable en la mayor parte de la población venció a la avalancha del Pit-Cnt, a la que se subieron a lo largo del año como conductores/conducidos: el Presidente de la República y el candidato del Frente.
El ataque a la esencia funcional de la Constitución -que nada tiene que ver con la derogación o la declaración de inconstitucionalidad de una ley- fue intuido por los votantes. No puede haber retroactividad penal, no se puede declarar inexistente la cosa juzgada. No puede destruirse la base doctrinaria de la Constitución. El rechazo instintivo de la gente, constituye pues, un acto monumental.”
Carlos Maggi en su artículo titulado “Cuando todos ganan”. “El País”, 01-11-2009.
El rechazo a la anulación de la Ley de Caducidad ha sido casi tan importante como la propia elección. Veinte años después de la primera ratificación popular en el referéndum de abril de 1989, ya con otra generación votando, vuelve a darse lo mismo. Es muy importante. Reitera la voluntad profunda del país de mirar hacia delante. Eso es más fuerte que todo. Por eso Mujica puede ser candidato, por eso Bordaberry puede ser candidato. Porque dejamos atrás la confrontación airada, que nos dividía violentamente. La ley de Caducidad, además demostró su absoluta eficacia: los militares se subordinaron, no tuvimos ningún incidente, como sí los hubo, en cambio -y sangrientos- en la Argentina. De buena fe, nadie puede negarlo.
Julio María Sanguinetti en un reportaje publicado en “El País”, 01-11-2009.

Mañana querrán anular la Constitución misma

octubre 22, 2009

Anular la ley de caducidad supondrá que por primera vez en la historia del Uruguay se derogará con efecto retroactivo una norma penal. Sin embargo, para anular una ley sólo existe el procedimiento de la inconstitucionalidad, declarada por la Suprema Corte con efectos limitados al caso concreto. Por la tanto, en nuestro derecho la anulación sólo compete a los jueces. Nada de esto condice con la separación de poderes que otorga a los magistrados el control constitucional de las leyes a través del ejercicio monopólico de la función jurisdiccional.
Aprobada la reforma nadie en el Uruguay tendría la mínima certeza jurídica, ni sabrá como comportarse con seguridad, si leyes regularmente dictadas y ratificadas incluso por un plebiscito, desaparecieran luego de 20 años de sancionadas. Por otra parte, nadie puede ser puesto en prisión por una ley que sancione un delito o derogue retroactivamente una amnistía lustros más tarde de los hechos imputados.
En cualquier país que respete los derechos humanos, las amnistías son irrevocables, porque la responsabilidad penal de las personas (aunque sean personas delincuentes) no puede extinguirse un día y renacer al otro, según cambien las mayorías y los gobiernos. Admitir la posibilidad de que alguien pueda ser amnistiado un día por una ley que la Suprema Corte de Justicia declaró válida y el pueblo ratificó, y “desamnistiado” veinte años después, porque la mayoría cambió de opinión, equivaldría a declarar el fin de la seguridad jurídica en el Uruguay.
La insólita pretensión de anularla, implica una verdadera herejía jurídica. No solamente porque contraviene una sólida tradición que rechaza la aplicación retroactiva de la ley penal -la que aquí se anularía hacia el pasado pese a que durante más de dos décadas produjo efectos jurídicos- sino que se desconocen institutos como la prescripción, o la cosa juzgada, con siglos de arraigo en la práctica legislativa y jurisprudencial de Occidente. Paralelamente se refuerza la tendencia, como ha ocurrido en casos recientes, de aplicar a los imputados normas penales sancionadas con posterioridad a sus acciones, dañando severamente tanto sus derechos como la certeza jurídica, fundamento insoslayable del estado de derecho
Finalmente, el Frente Amplio ha variado en forma descarada su posición en relación a la Ley de Caducidad, supeditando los derechos humanos, el sistema jurídico y la Constitución a sus maniobras políticas para ganar votos. Pasó de reclamar el “cumplimiento irrestricto del artículo 4º de la Ley de Caducidad” en su congreso de 2001, hasta que el 17-02-2009 el vicepresidente Nin Novoa dijo que la ley “viola flagrantemente el artículo 8 de la Constitución que expresa que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley y compartimos todos los argumentos para calificarla de inconstitucional”.